Por esconder cuentas de su cónyuge con valor de 3.2 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis M. Galván, funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en la pasada administración estuvo relacionado con el esquema conocido como “Estafa Maestra”, informó la dependencia a través de un comunicado de prensa.
El exfuncionario se mantenía en la presente administración como gerente de Operación y Control Financiero de Proyectos Industriales y Logística, que mantenía en la presente administración.
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Previamente también fue gerente de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.
Con lo anterior, quien también fue gerente de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Al funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto se le garantizó el derecho de audiencia.
Es el segundo funcionario inhabilitado por la Estafa Maestra, correspondiente a desvío de recursos; la exsecretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles, tuvo la misma sanción por el mismo caso. Además, lleva un proceso penal en prisión.
“Las personas servidoras públicas estamos obligadas a brindar la información que el pueblo de México demanda, para así vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos. En la Función Pública seguiremos cumpliendo con nuestra tarea de verificar la evolución patrimonial de quienes ostentan un cargo público y de sancionar conductas que constituyan faltas administrativas”, resaltó la secretaria Irma Sandoval Ballesteros.
La dependencia recordó que en la administración se han sustanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y ocho destituciones.
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