La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral “Plan B” enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue turnada a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales para su análisis y discusión, informó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.
En un video mensaje, la senadora de Morena confió en “lograr que haya consensos a favor de este proyecto por parte también de quienes integran el Movimiento de Transformación, como es el caso del Partido Verde y el Partido del Trabajo”.
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Señaló que, desde hace décadas se ha luchado porque exista equidad y porque haya ahorros importantes, “porque el presupuesto tiene que ser para beneficio del pueblo”.
Esta tarde, el denominado Plan B en materia electoral propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó esta tarde a la Mesa Directiva del Senado de la República y en él se contempla que la persona titular del Ejecutivo Federal podrá promover el voto a su favor en una revocación de mandato.
De acuerdo con el documento presentado por el enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, “la persona sujeta a revocación (de mandato) podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.
La revocación de mandato se podrá solicitar a partir del tercer año de gobierno del titular del Ejecutivo federal en turno.
“Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional”.
Límite a conformación de municipios
En el artículo 115 constitucional se establece que cada Municipio se gobernará por
un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías, lo que pone un límite a su conformación.
Asimismo, señala que las Constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Y establece que ningún funcionario electoral podrá ganar más que el salario que recibe la persona titular del Ejecutivo federal.
En la exposición de motivos, el documento señala que “la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en detrimento de la población nacional, particularmente antes de 2018”.
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Acabar con la corrupción de la alta burocracia
Por ello, se ha impulsado una política de austeridad republicana, “el objetivo es acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto”.
De esa manera, señala que en el caso del Senado se establecen obligaciones de diagnóstico y ajuste presupuestario a partir del siguiente ejercicio fiscal de un 15% respecto al presupuesto aprobado en 2026, conforme a las disposiciones y valores constitucionales, “para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país”.