Por unanimidad, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron, con cambios, el dictamen de reformas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que permitirá incrementar las penas por el delito de extorsión con un máximo de hasta 42 años de prisión, homologar las sanciones y que se persiga de oficio.
Senadores de todos los partidos políticos, expresaron su voto a favor del dictamen con la confianza que estas modificaciones permitan reducir el delito que, a decir de la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales “tiene de rodillas cada día más y más mexicanos y mexicanas”.
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A pesar de expresar su voto a favor, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió que se necesita una protección real a las víctimas. “Si el 97% no denuncia, no es porque no sepan cómo, es porque tienen miedo, porque saben que dentro del gobierno están los que protegen a los extorsionadores”, acusó.
La senadora del PAN, Guadalupe Murguía expresó el voto a favor de su bancada y destacó que el gran reto en el país “es acabar con la impunidad; con esta impunidad que con mucha frecuencia están involucradas las autoridades de todos los niveles y que ha llevado al delito de extorsión a ser un delito altamente frecuente en nuestro país”.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, explicó que las adecuaciones realizadas por los senadores, se hicieron “para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de las personas involucradas en las conductas, reiterando la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos”.
Y enfatizó que se trata de “un recordatorio a las autoridades de ajustar siempre su actuar al mandato constitucional”.
Entre los cambios propuestos y aprobados en Comisiones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, destaca que las personas sentenciadas por el delito de extorsión “no tendrán derecho a los beneficios de libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Tampoco les serán aplicados los beneficios preliberaciones previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal”.
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El dictamen que este miércoles se discutirá en el Pleno, también establece que quien, sin autorización, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, algún dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de seis a 12 de prisión.
Respecto a los cambios que hará el Senado y por lo cuál el dictamen se devolverá a la Cámara de Diputados, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal adelantó que se “allanarán” a ellos, por lo que la aprobarán y se enviará al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.