El Presupuesto de Egresos de 2027 contempla un gasto total de 10,636,488,100,000 pesos (10.6 billones de pesos), cifra que contempla un déficit presupuestario de 1,358,558,800,000 (1.3 billones de pesos) debido a que las erogaciones previstas superan los ingresos proyectados por el Gobierno federal.
En 2026 se aprobaron 10.1 billones de pesos, lo que representa un aumento en el presupuesto global programado para el próximo año. La discusión en la Cámara de Diputados se dará en las próximas semanas y el Presupuesto de Egresos de la Federación podría ser aprobado a mediados de noviembre.
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Dentro de los techos de gasto fijados para los principales organismos públicos, Petróleos Mexicanos (Pemex) contará con un balance financiero de 95,103,000,000 pesos. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá un balance de 25,049,336,000 pesos.
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En materia de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dispondrá de 1,803,009,097,244 pesos en gasto programable, destinando 30,484,883,676 pesos a la constitución de reservas y fondos normativos.
Marco regulatorio del presupuesto del Gobierno federal establece restricciones
El marco regulatorio del presupuesto establece restricciones en la administración de los recursos humanos del sector público. Queda prohibida la creación de nuevas plazas operativas y administrativas, salvo en sectores prioritarios como salud, atención a emergencias o por mandato de reformas legales.
Asimismo, los incrementos salariales se limitarán a la compensación por inflación para mantener el poder adquisitivo, quedando expresamente prohibidos los bonos por término de encargo o fin de administración.
De igual manera, el personal de las dependencias no podrá recibir retribuciones adicionales por su participación en comités técnicos o consejos directivos. En cuanto a las políticas de austeridad, los remanentes financieros o subejercicios presupuestales deberán reasignarse a programas sociales y proyectos de infraestructura. Adicionalmente, se priorizarán las compras consolidadas institucionales para reducir costos de adquisición.
En el rubro de comunicación social, el presupuesto fija la prohibición de incrementar el gasto publicitario durante el ejercicio fiscal y suspende la difusión de campañas oficiales en entidades federativas que atraviesen procesos electorales. De igual forma, se estipula que al menos un 5% del presupuesto destinado a publicidad oficial deberá dirigirse a medios impresos.
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Para la asignación de fondos estatales, las normativas estipulan que municipios y entidades deben destinar como mínimo el 20% de los recursos provenientes del FORTAMUN y FASP a acciones y requerimientos directos de seguridad pública.
Además, se contempla la transferencia directa de recursos a comunidades y municipios indígenas mediante convenios específicos, dando prioridad a las obras enmarcadas en los Planes de Justicia.
La entrega de apoyos en para programas sociales del Gobierno federal se ejecutará a través de cuentas bancarias personales, priorizando las operaciones mediante el Banco del Bienestar.