Legisladores de Morena y de oposición, consejeros electorales, abogados y especialistas, coincidieron en la necesidad de ajustar la reforma judicial.
Debido a que se ha demostrado la falta de experiencia incluso la improvisación de algunos juzgadores electos el año pasado.
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Con esto se busca establecer una certificación técnica para los aspirantes.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, consideró necesario, tener un mecanismo uniforme “que evalúe capacidades indispensables, razonamiento jurídico, conocimiento procesal, interpretación constitucional, criterio de derechos humanos y ética judicial, un estándar común que dé certeza sobre quiénes llegan a la boleta”; además se pronunció por ajustar los tiempos del proceso.
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“La experiencia ya mostró que se requiere tiempo para consolidar reglas, alinear criterios y asegurar que las instituciones operen con orden. Un calendario bien definido permite que el proceso se lleve a cabo con mejores condiciones lo que hace razonable que la elección del 2027 se posponga al 2028”, advirtió.
Al respecto la también senadora de Morena, Susana Harp, reconoció que, después del proceso y con el paso de los meses han identificado “espacios de oportunidad” que deben subsanar.
“Espacios de oportunidad que pueden mejorar el desarrollo procedimental y sustantivo de la selección de personas que vayan a impartir justicia en nuestro país”.
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Y consideró que “si una elección exclusiva del Poder Judicial fue compleja, cuantimás lo será si esta concurre el mismo día de elecciones a gubernaturas, diputaciones federales, locales y presidencias municipales. Por ello se propone realizar la elección judicial para el 2028. Pues nos parece que separar ambos procesos protege la independencia judicial para evitar la politización de estas candidaturas y permite que la ciudadanía conozca mejor a quienes aspiran a impartir justicia”, señaló.
Costo de cada elección
En el marco del foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, advirtió que la organización de comicios concurrentes que incluyan elecciones legislativas y del Poder Judicial, implicaría un costo que podría ascender hasta 15 mil millones de pesos, debido a la complejidad operativa y logística.
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Explicó que el Instituto Electoral, enfrenta uno de los mayores retos en su historia al contemplar la renovación de 500 diputaciones federales, así como 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de procesos locales en 17 entidades.
“La operación implica más boletas, más documentación, más personal y más infraestructura. Esto no abarata la elección, al contrario, la hace mucho más costosa”, señaló.
Detalló que la coexistencia de dos modelos de votación, uno para el Poder Legislativo y otro para el Judicial, obliga a instalar casillas diferenciadas, con flujos de votación distintos, lo que incrementa la necesidad de personal capacitado y espacios físicos adecuados, como bodegas con estrictos protocolos de seguridad.
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No obstante, aclaró que el INE se encuentra trabajando en distintos escenarios para cumplir con cualquier determinación legal; sin embargo, insistió en que separar los procesos permitiría garantizar mejores condiciones de organización, certeza y participación.
Errores anteriores
Marina Campos, de México Evalúa, refirió que ya existe evidencia, en este momento, de que los errores o los espacios de mejora han sido “factores clave de la merma en la certeza jurídica en México”.
Dijo que, el balance al día de hoy, “es que estamos en un contexto en donde se ha afectado esta certidumbre en donde tenemos una inversión deprimida, tenemos una economía estancada y estamos perdiendo oportunidades. Yo creo que esto es lo que tiene que hacernos sentido en este momento de que podemos estar mejor”.
Por ello, llamó a reconocer que se puede estar mejor y aclaró que no se busca “cambiar el espíritu del nuevo esquema de elección de jueces, que es las elecciones populares de jueces. Ese no es el motivo de este diálogo, que quede muy claro. El motivo de este diálogo es que precisamente ese nuevo modelo pueda ser funcional”.
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Por su parte, Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, señaló que la falta de pedagogía electoral y la complejidad de las boletas generaron confusión entre los votantes, lo que derivó en baja participación.
En tanto, representantes de la Barra Mexicana de Abogados y Coparmex coincidieron en que mezclar elecciones políticas y judiciales distorsiona la lógica de ambos procesos, al introducir dinámicas partidistas en la selección de perfiles judiciales.
Lo anterior, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de modificar la fecha de la elección judicial.