Con el fin de evitar hechos de corrupción en los gobiernos, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Javier Vázquez propuso reformar los artículos 109 y 114 de la Constitución Política.
Esto para que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos o representantes populares en el ejercicio de sus funciones sean imprescriptibles.
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La iniciativa establece que tratándose de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, peculado y enriquecimiento ilícito.
Cuando se cometan por servidores públicos o representantes populares en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Así como cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, la acción penal y las sanciones correspondientes no tendrán fecha de prescripción.
La propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, señala que los delitos de corrupción y su persecución será de oficio.
Esto sin necesidad de denuncia, querella o autorización previa.
Combate a los delitos
En su exposición de motivos, Vázquez Calixto explica que estas adecuaciones fortalecen el marco jurídico en materia de combate a los delitos por hechos de corrupción.
Y generan condiciones para un desarrollo más equitativo, transparente y sostenible, al establecer que los delitos que afectan el patrimonio público no prescriben.
El objetivo, dijo, es “garantizar que el tiempo deje de ser un aliado de la impunidad y se convierta en un instrumento de justicia permanente en favor de la sociedad”.
Además reconoce que la corrupción ha constituido uno de los principales factores que han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones públicas, lo cual afecta de manera directa el desarrollo democrático, económico y social.
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Destaca que la prescripción se concibió originalmente como garantía de seguridad jurídica.
No obstante, en la práctica es utilizada como un obstáculo para la justicia cuando se trata de delitos que afectan al patrimonio público y al interés colectivo.
Los delitos de peculado, desviación de recursos públicos, enriquecimiento y ejercicio ilícitos del servicio público representan conductas de especial gravedad.
Toda vez que implican no solo la traición a la confianza pública, sino generan impunidad institucionalizada y daño patrimonial irreparable al erario.
De esta manera, aseguró que, al eliminar la prescripción se refuerza el principio de que el ejercicio del poder público conlleva una obligación continua frente a la sociedad,
Además consolida la cultura de legalidad y responsabilidad política.
“Cada peso protegido de los delitos por hechos de corrupción se traduce en infraestructura, servicios y oportunidades para la población”.