Las tres reformas en materia electoral, que se aprobaron en el pasado periodo extraordinario, cumplieron con su proceso legislativo y están listas para que se declare su constitucionalidad y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Se trata de las modificaciones para evitar candidatos ligados al crimen organizado, las que aplazan a 2028 las elecciones judiciales y las que introducen una nueva causal de nulidad de comicios por injerencia extranjera.
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El Senado aprobó las tres reformas el viernes en la madrugada y ese mismo día concluyó su proceso legislativo, luego de que 17 entidades las ratificaran. Resalta que Tabasco y Oaxaca fueron las primeras entidades que en minutos ratificaron las iniciativas.
Una de las reformas es para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que se integrará por tres consejeras o consejeros Electorales, con una duración en su encargo de tres años y una presidencia rotativa, que se designará anualmente entre sus integrantes.
Dicha instancia tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
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Además, se aprobó la reforma al artículo 41 constitucional para anular elecciones ante injerencia extranjera, ante las "nuevas formas de intervención o injerencia extranjera pueden operar mediante mecanismos distintos, como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques o las campañas coordinadas de desinformación".
Otra de las reformas es para aplazar la elección judicial hasta el 2028 y tiene el objetivo de fortalecer las instituciones, permitir que la ciudadanía tenga mayor participación y dar tiempo para perfeccionar el marco normativo; se busca que el proceso tenga más certeza, transparencia, eficiencia y legitimidad democrática.