La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un juicio de inconformidad contra la elección de las dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante su penúltima sesión, por unanimidad, el Alto Tribunal desechó el juicio presentado por Iván Bravo Olivas por no tener interés jurídico para controvertir los resultados.
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“Se determina que en el caso se actualiza una causal de improcedencia contenida en el artículo 10, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el 54, numeral 3 de la misma legislación, relativa a la falta de legitimación”, indicó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El ministro explicó que la impugnación se presentó en su calidad de aspirante a Magistrado de Circuito en el proceso electoral extraordinario, pero fue excluido de la lista publicada por el comité de evaluación del Poder Legislativo Federal sobre los perfiles idóneos para dicho cargo, por lo que no participó como candidato registrado.
Solo candidatos pueden impugnar resultados: SCJN
Solo los candidatos pueden impugnar los resultados, por lo que su calidad de aspirantes “no es suficiente para considerar que cuenta con legitimación necesaria para este caso, pues la referida Ley General es clara en establecer que las personas que cuentan con legitimación para impugnar los actos dentro de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación son los candidatos o candidatas”.
Pardo Rebolledo manifestó que “toda vez que no se advierte que el actor tenga el carácter de candidato a alguno de los cargos que fueron objeto de la elección judicial, en este caso particularmente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino como referí anteriormente, él se ostenta como candidato a un cargo de Magistrado de Circuito, estimamos que lo procedente es desechar de plano el presente juicio de inconformidad”.
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En otro tema, la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro por considerar que las mismas contravenían el principio de legalidad, así como los derechos a la igualdad y no discriminación y a la no autoincriminación.
De forma específica, el Pleno determinó la invalidez del párrafo tercero del artículo 170, que establecía como agravante del delito de discriminación que la conducta se cometiera contra personal de salud, seguridad o protección civil. La Corte concluyó que las personas legisladoras locales no justificaron adecuadamente la necesidad de dicha agravante, especialmente porque el tipo penal básico ya contempla como elemento que la conducta discriminatoria se origine con motivo del trabajo o profesión de la víctima, con lo que se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación.