La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que determinó posponer la realización del proceso de revocación de mandato.

Con la admisión, detalló la Corte, se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer algunas actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República.

Con esta decisión, indicó la SCJN en un comunicado, el INE debe continuar con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades de dicha consulta hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos “el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.

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“Con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”, indicó la Corte.

Finalmente, la Comisión de Receso advirtió que resultaba improcedente conceder al INE la suspensión para el efecto de que no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en la Ley Federal de Revocación de Mandato, de manera que sería un contrasentido que lo que no obtuvo el INE en la controversia 209/2021, este organismo lo decrete por su cuenta.
El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

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Sergio Gutiérrez se congratuló por la determinación tomada por la SCJN y enfatizó que el INE deberá de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios.

Consideró que con esta decisión de la SCJN se confirma el Estado de Derecho que prevalece en el país, y se alienta la participación democrática de la ciudadanía, porque el organismo nacional autónomo deberá continuar con la organización del proceso de revocación de mandato y el desarrollo de la totalidad de las actividades de este ejercicio hasta su conclusión.

RC