El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción para analizar si fue constitucional ordenar la creación de una Comisión de Verdad y Justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.
Caso Ayotzinapa sin estar claro
Durante la sesión de este martes, se determinó que la Corte entrará al debate para verificar si ese tipo de mecanismos de investigación extraordinaria son legales o vulneral la división de Poderes.
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Se trata de cuatro amparos en revisión promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
El Centro PRODH, quien lleva la defensa legal de una parte de las víctimas, criticó que se pretenden revisar los efectos de una sentencia definitiva, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica.
El organismo de Derechos Humanos indicó que la "sentencia de 2018 constituye uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso. Cabe recordar que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer la investigación del caso ante las graves irregularidades detectadas, ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva".
'Verdad histórica'
Ese fallo señaló que la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica” —la versión de que los jóvenes terminaron privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula— había estado afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la práctica de tortura.
La resolución de 2018 destacó que no se exploraron otras líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército, ni se investigó adecuadamente la tortura denunciada; por el contrario, se privilegió el uso de pruebas que apoyaban la mencionada versión oficial.
El Centro PRODH indicó que los juicios de amparo de los que deriva la resolución de hoy de la SCJN resultaron directamente iniciados por los acusados, por lo que los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes no se apersonaron ni promovieron en el mismo.
Criticó que "uno de los efectos del amparo es que las familias de los estudiantes desaparecidos se reconozcan como víctimas indirectas en los mismos, razón por la cual son parte ante los recursos atraídos el día de hoy".
Abundó que "lejos de dar cumplimiento a la sentencia, después de su publicación, diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron revisiones extraordinarias con el argumento de que debieron llamarse al juicio".
"Aunque esos recursos se presentaron desde 2018, permanecieron pendientes de trámite durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025".
Solicitan atraer las cuatro revisiones extraordinarias
En 2026, la actual Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer las cuatro revisiones extraordinarias, al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad, sosteniendo os mismos argumentos presentados por la administraciones de Peña Nieto y López Obrador.
En sesión del Pleno y sin una discusión sobre las implicaciones, la Suprema Corte determinó por unanimidad atraer estos recursos extraordinarios. Previo a la votación, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de conocer del asunto en tanto la investigación penal relacionada con el caso, depende de una Unidad Especial a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la que fue titular.
Caso continúa
"Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada verdad histórica en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas".
"A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin terminar plenamente esclarecido. En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal", indicó.