Desde 2023, Gabriela Herrero denunció por tortura física, psicológica y sexual a servidores públicos del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y pese a que otras autoridades la han reconocido como víctima del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no lo ha hecho. En los últimos días de diciembre pasado, Herrero promovió dos juicios de amparo para que la CEAV la reconozca como víctima de tortura, por lo que ahora enfrentará directamente a la Comisión.
La víctima pidió a la Defensoría Pública Federal activar el mecanismo de Litigio Estratégico, utilizado en casos relevantes y con notoria deficiencia de autoridades para garantizar el acceso a la justicia, con lo que abogados del Poder Judicial federal podrían asumir su defensa.
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En su edición del 12 de enero, 24 HORAS publicó que los juicios de amparo promovidos por víctimas contra la CEAV se incrementaron 695%, al pasar de 20 demandas, en 2023, a 159, en 2025, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia.
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El caso comenzó cuando Herrero acudió a la CEAV para pedir el apoyo en gastos, pero han pasado más de dos años sin que quede inscrita en el Registro Nacional de Víctimas, lo que le ha traído como consecuencia llevar por su cuenta un tortuoso litigio en los fueros federal y local que la tiene en bancarrota.
De acuerdo con documentos en poder de este diario y videos con extractos de audiencias ante jueces federales, ella fue reconocida como víctima por juzgadores y el Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que ha sido ignorado por la CEAV.
CEAV designó a víctimas 2 asesores jurídicos sin capacidad de litigar expedientes sobre tortura
Herrero indicó que la Comisión le puso dos asesores jurídicos, de nombres Luk N. y Brenda N., quienes no contaban con la capacidad de litigar expedientes sobre tortura y llevaron su caso de manera deficiente.
El segundo asesor que le designó la Comisión quedó exhibido en una audiencia por un juez federal, que lo recriminó porque la carpeta de investigación ya tenía cuatro meses abierta y él no la conocía, es decir, llegó a encabezar la defensa de la víctima sin estudiar los detalles.
“Me parece un tiempo excesivo desde que a una persona la designaron como defensora y que vengamos a la audiencia hoy, es mucho tiempo, cuatro meses desde que fue designado el asesor jurídico, y se lo voy a decir porque usted es la víctima de este asunto, cuatro meses desde que un asesor jurídico no conoce la carpeta, eso lo lamento, pero sí impacta para la defensa, no es posible que después de cuatro meses no se conozca la carpeta, no quisiera usar el adjetivo, pero consideró que hay una deficiencia técnica”, dijo el juez federal.
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La víctima consideró que las deficiencias de la CEAV fueron la causa principal de que la carpeta de investigación se cerrara a finales de diciembre y se declarara sin materia, lo que en los hechos significa darle carpetazo a su caso, por lo que abrió una queja ante el Órgano Interno de Control de la Comisión, que tampoco ha prosperado.