Red Familia se sumó al llamado para terminar la explotación de mujeres con fines reproductivos y pidió colocar la dignidad humana por encima de cualquier interés económico o comercial.
Para Red Familia, la llamada “renta de vientres” no puede analizarse únicamente como un acuerdo entre particulares. Cuando el cuerpo de una mujer y el nacimiento de una niña o un niño se convierten en objeto de un contrato, estamos frente a una práctica que exige una respuesta firme desde los derechos humanos.
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En el marco de la IV Conferencia de la Declaración de Casablanca México 2026, que tuvo lugar en la Universidad Panamericana, y organizada conjuntamente con Early Institute, la doctora en Derecho Patricia Olamendi Torres advirtió que México se ha convertido en un destino de bajo costo para la maternidad subrogada y señaló los riesgos de explotación asociados a la vulnerabilidad económica de las mujeres.
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Red Familia consideramos inaceptable que las necesidades de las mujeres, particularmente de quienes viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, puedan ser aprovechadas por intermediarios o intereses comerciales, señaló la organización.
“La necesidad económica no debe convertirse en una oportunidad de negocio a costa de la dignidad humana”, señaló Red Familia.
Red Familia respalda llamado de la Declaración de Casablanca
Por ello, respaldaron el llamado de la Declaración de Casablanca a la abolición universal de la gestación subrogada. Aclararon que “no se trata de una postura ideológica, sino de una exigencia de justicia que busca proteger a las mujeres y garantizar que los derechos de niñas y niños prevalezcan sobre los intereses comerciales”.
Olivia Maurel, vocera de la Declaración de Casablanca y nacida mediante gestación subrogada, relató que descubrió su origen a los 17 años y que una prueba de ADN le permitió contactar posteriormente a la mujer que la gestó.
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Maurel denunció casos de mujeres mexicanas abandonadas por agencias durante el embarazo y pidió a legisladores y especialistas escuchar a las personas nacidas mediante esta práctica antes de decidir entre regularla o prohibirla.
En este sentido, Red Familia hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades competentes para impulsar una revisión legislativa que permita prohibir la explotación reproductiva, prevenir los abusos, combatir la intermediación lucrativa y garantizar la protección y reparación de las víctimas, incluida la revisión de las propuestas para tipificar esta explotación como una modalidad específica de trata de personas.