Un total de 17 personas servidoras públicas pertenecientes a 11 instituciones federales fueron sancionadas con destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones y amonestaciones públicas, tras comprobarse la comisión de faltas administrativas graves y no graves en el desempeño de sus funciones, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con el marco legal constitucional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió los dictámenes correspondientes a infracciones graves, derivadas de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Órganos Internos de Control de diversas dependencias.
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Anticorrupción amonesta a funcionarios de estos organismos
Entre las resoluciones por faltas graves, el TFJA sancionó a dos empleados de la CFE en la zona Tacuba con cuatro años de inhabilitación por solicitar indebidamente 70 mil pesos a un usuario. En el ISSSTE de Campeche, un servidor público recibió 10 años de inhabilitación y una multa de 180 mil pesos por ostentarse con una cédula profesional ajena. En el Banco del Bienestar, un funcionario recibió una inhabilitación por dos años tras realizar 15 retiros no autorizados de cuatro cuentas.
Además, en la Secretaría de Salud, se aplicó una inhabilitación de tres meses a una integrante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición por intervenir en la contratación de tres familiares. Asimismo, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Tijuana, se suspendió por 60 días a dos servidores por omitir la restitución oportuna del Certificado de Sello Digital a una empresa.
Respecto a las faltas clasificadas como no graves, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ejecutó sanciones en seis instituciones.
En la Guardia Nacional se ordenó la destitución de cuatro elementos por presentar certificados de bachillerato apócrifos para el trámite de portación de armas. En el INAH se dictó un año de inhabilitación por la omisión de reportar inasistencias que derivaron en pagos indebidos.
Las medidas por faltas no graves incluyeron además suspensiones de 8 días en Petróleos Mexicanos por expedición irregular de incapacidades, de 15 días en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado por irregularidades en pagos de contratos, y de 14 días en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo por omitir gestiones presupuestales.
Finalmente, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se aplicó una amonestación pública a dos funcionarios por faltas en la verificación de requisitos de una licitación.