Por unanimidad con 111 votos, el Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley General de Economía Circular, que da una nueva definición al marco ambiental del país al imponer criterios obligatorios para reducir, reusar y valorizar residuos y establece un modelo nacional de producción y consumo basado en principios de circularidad.
Al respecto, el senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña destacó que las modificaciones “persiguen diversos beneficios, reducir la explotación de materias primas, extender la vida útil de los productos de consumo a los dispositivos y las máquinas de producción, abatir la producción de desechos sólidos, así como utilizar los desechos orgánicos en la producción de alimentos y reciclar el agua para el consumo humano, agrícola e industrial”.
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No obstante, enfatizó que la ley por sí misma “no va a dar respuesta ni cauce a lo que queremos en esta economía circular. Necesitamos de apoyo económico y de apoyo económico a municipios y a estados. No podemos dejar a un lado que debemos apoyar a los ayuntamientos para que sus plantas de tratamiento funcionen … Por eso es fundamental que a esto lo apoyemos con recursos económicos para poder que siga adelante y que no solamente haya un criterio de lucro desmedido en todas las demás actividades respecto a la economía circular”, consideró.
Alarga la vida de los productos y disminuir residuos
El nuevo marco legal busca alargar la vida útil de los productos, disminuir la generación de desechos y promover su aprovechamiento, recuperación y reincorporación a los ciclos productivos. Para ello, crea un andamiaje encabezado por el Sistema Nacional de Economía Circular, mecanismo que coordinará a los tres órdenes de gobierno en la implementación de políticas públicas, distribución de competencias y metas de circularidad.
De esta manera se definen los principios y criterios obligatorios de economía circular, se crea el Sistema Nacional de Economía Circular y distribución de atribuciones entre Federación, estados y municipios.
Se diseñan políticas y mecanismos de gestión circular que integren criterios funcionales, ambientales, económicos y sociales en todo el ciclo de vida de los productos y se faculta a la Semarnat para analizar, aprobar y supervisar sistemas de gestión circular.
Asimismo, se crean obligaciones específicas para las empresas derivadas de la Responsabilidad Extendida del Productor, incluyendo reportes, metas y rediseño de productos; se emite el Programa Nacional de Economía Circular, que fungirá como instrumento rector de planeación.
También se plantea una regulación del Distintivo Nacional de Economía Circular para productos que cumplan los estándares fijados en la ley y se implementan instrumentos económicos y posibles estímulos fiscales.
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Plataforma Nacional de Información
Se pone en marcha una Plataforma Nacional de Información operada por Semarnat e Inegi y se obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales de realizar campañas de consumo responsable. Al tiempo en que se promocionan auditorías ambientales voluntarias mediante Profepa y se establecen sanciones administrativas conforme a la LGEEPA para quienes incumplan las obligaciones legales.
Los artículos transitorios establecen una ruta gradual para hacer operativa la ley. El Ejecutivo federal deberá emitir su reglamento en un plazo máximo de 180 días naturales, y posteriormente, en un periodo igual, publicar el Programa Nacional de Economía Circular. A su vez, los congresos estatales tendrán 180 días para armonizar su legislación; en caso de no hacerlo, la nueva ley será de aplicación directa en las entidades.
En materia de manejo de residuos, los rellenos sanitarios autorizados deberán iniciar un proceso de reconversión en un periodo de cinco años, con posibilidad de prórrogas justificadas, para cumplir con las metas de reducción de disposición final. Los costos derivados de la implementación se cubrirán con el presupuesto asignado a la Semarnat.