El Pleno del Senado de la República, discutirá esta semana la reforma constitucional sobre extorsión propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así lo adelantó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.
La senadora por Morena, destacó que con estas reformas “México contará con un marco legal uniforme y actualizado para enfrentar de manera eficaz este delito”, toda vez que es el único ilícito que sigue incrementando en el país, y por el cual el Gobierno de México ha implementado una estrategia focalizada.
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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, recordó que el pasado 18 de septiembre, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Extorsión.
De esta manera, una vez aprobada por el Senado y los congresos estatales, la reforma constitucional podrá entrar en vigor, por lo que el Congreso contará con un plazo de 180 días para avalar la legislación secundaria.
Delito de extorsión varía de acuerdo a cada estado
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, la incidencia del delito de extorsión varía por entidad federativa de manera significativa, ya que, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8% de las víctimas desde el año 2024 y hasta enero 2025; tan sólo el Estado de México acumula el 33.1%.
Una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional agrega el documento, es la falta de homologación de las penas. Actualmente, los códigos penales Federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y hasta 12 años como pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las condenas previstas en los diferentes códigos sustantivos.
Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años, por citar algunos ejemplos, por lo que esta disparidad podrá ser corregida con la aprobación de la reforma constitucional.