Mientras los senadores del oficialismo defendieron, incluso desde la tribuna al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y al senador de Morena, Enrique Inzunza de las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas; los senadores de oposición, lanzaron un: “lo advertimos” y consideraron que el caso representa una crisis de credibilidad para México y exige respuestas inmediatas de los implicados y del gobierno federal.
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, dijo que a Rubén Rocha no se le ha presentado ninguna prueba, “rechazo categóricamente las acusaciones en contra de mi compañero Rubén Rocha Moya”, señaló.
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En contraparte, también desde la tribuna del Senado, la senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la acción de la justicia estadounidense y lamentó que las investigaciones no se hayan iniciado en México.
Dijo que la presentación de cargos penales en Nueva York contra Rocha Moya representa un momento relevante, al considerar que se comienza a señalar “con nombre y apellido” a presuntos integrantes de redes delictivas vinculadas a Morena.
Se lo dijimos a la presidenta: Paloma Sánchez
La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, insistió: “desde hace meses se les ha dicho, en Sinaloa tenemos un narcogobernador, se lo hemos gritado a este gobierno, se lo hemos dicho mucho a la presidenta, el estado es un desastre, llevamos 597 días de guerra, por la complicidad de Rocha con los criminales”.
El líder de la bancada panista, Ricardo Anaya, recordó que hace dos sesiones, pidió -incluso por escrito- “que se citara a Rocha Moya en este Senado de la República, aquí está el acuse de recibo, y yo quiero decir que durante las sesiones de la Comisión Permanente que se instala el día de hoy, vamos a exigir la presencia de Rocha Moya, queremos que haya claridad, que explique cómo es que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos”, demandó, mientras la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo le exigía apegarse al tema de la sesión.
Para el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, las acusaciones constituyen un hecho “grave” que no puede minimizarse y que obliga a los señalados a dar una explicación puntual y exhaustiva.
Dijo que, si bien debe prevalecer la presunción de inocencia, los funcionarios implicados tienen la responsabilidad política de rendir cuentas.
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“No es un asunto menor”, reiteró, al tiempo que advirtió que este caso podría marcar “un antes y un después” en la vida pública del país y llamó a que la Fiscalía General de la República colabore con las autoridades estadounidenses y actúe conforme a derecho.
Asimismo, rechazó que el Senado deba convertirse en un espacio de “linchamiento político”, y sostuvo que corresponde a las instituciones de procuración de justicia determinar responsabilidades. No obstante, insistió en que todos los acusados deben comparecer públicamente y aclarar los señalamientos en su contra.