La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa en materia de vivienda para configurar un marco jurídico integral que reconozca la actuación de los organismos e instituciones de vivienda para personas trabajadoras y dotar al Estado de herramientas que contribuyan a subsanar la insuficiencia de vivienda social.
También cambia el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, así como para fomentar la cooperación de las instituciones que otorguen créditos habitacionales para los trabajadores.
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Propone como lineamientos de la política de vivienda, fomentar la concurrencia de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 40., y 123 de la Constitución Política.
Expone que la definición de "vivienda digna y decorosa" del artículo 2 de esta Ley es insuficiente para captar esta complejidad, al referir genéricamente "espacios habitables", "servicios básicos" y "seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión".
Sin incorporar elementos que los estándares internacionales reconocen como componentes del derecho a la vivienda adecuada, y sin estos elementos la política habitacional opera sin un marco de referencia claro para su diseño, ejecución y evaluación.
Reconoce la incapacidad del mercado de atender a la población de menores ingresos, lo que constituye una falla estructural por el alto costo, la baja rentabilidad para el sector privado y la insuficiente diversidad financiamiento. Con ello se configura un mercado que excluye sistemáticamente a quienes más necesitan de una vivienda.
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Considera que para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, esos organismos e instituciones podrán adquirir, rehabilitar, construir, demoler y financiar la autoproducción de vivienda; comprar o urbanizar terrenos para unidades habitacionales, enajenar o arrendar viviendas, generando condiciones que permitan a personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.