Al considerar que es necesaria una reforma electoral, tanto a nivel constitucional como legal, que se ocupe de restaurar la confianza, garantizar la equidad en las contiendas, blindar a la política del dinero asociado a la delincuencia organizada, actualizar y perfeccionar las reglas de acceso al poder; así como modernizar y hacer más eficientes algunos procedimientos tecnológicos, los integrantes de Somos México (SomosMX), presentaron sus propuestas rumbo a la construcción de la reforma en temas electorales.
Somos MX advierte riesgos de reforma
“No se trata de recortar costos ni debilitar el financiamiento público a expensas de la equidad y la integridad de la competencia, sino de preservar la legitimidad de las elecciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático”.
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Al advertir que los mayores riesgos a la integridad electoral en términos de comunicación provienen de las redes sociales y que las noticias falsas, la manipulación de seguidores, el uso indebido de la Inteligencia Artificial, son prácticas que inciden crecientemente en la equidad de la contienda, proponen avanzar en una regulación que sin limitar la libertad de expresión se haga cargo de las potencialidades de las nuevas tecnologías y preserve la integridad electoral.
Sobre las prerrogativas a los partidos políticos, señalan que el esquema debe considerar los recursos necesarios para mantener y fortalecer la organización partidista, con los recursos que efectivamente se requieran. “Al respecto habría que considerar la pertinencia de eliminar las prerrogativas de franquicias postales y telegráficas o el financiamiento para las actividades específicas.
Piden evitar la propaganda gubernamental
"El objetivo sería hacer una valoración integral delo que requieren los partidos, tanto para sus actividades ordinarias como para los gastos de campañas, incluyendo un apartado específico para coaliciones electorales”.
En relación con el financiamiento público a los partidos, más que centrar el debate en su monto, refieren que convendría considerar ajustar la forma de su distribución, para pasar de la vieja fórmula de la equidad del 30% igualitario y 70% proporcional al voto, a una fórmula 50% - 50%. De igual forma habría que repensar los montos y alcance del financiamiento estatal a los partidos políticos nacionales.
Además, destacan la necesidad de evitar la incidencia de propaganda gubernamental, uso de recursos públicos, comunicación social de las dependencias gubernamentales y las referencias a las elecciones, candidatos y partidos en el discurso oficial.
Indican equidad en la contienda
También proponen acentuar la equidad en la contienda mediante la regulación de periodos para la selección de candidatos. “Es necesario arribar a una regulación más estricta en la materia. Adicionalmente se propone que los partidos políticos realicen elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias para darle transparencia a los procesos de selección, empoderar a la ciudadanía y evitar el trasiego de candidatos”.
Destacaron que la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas que incluyan personas pertenecientes a grupos vulnerables o en condición de discriminación fue el resultado de diversas sentencias emitidas por el TEPJF, sin criterios previstos que apunten a la forma como los partidos deben acatar estas normas, por ello, la reforma electoral “deberá considerar, en materia de obligaciones de los partidos, la importancia de incrementar y hacer más efectivo el apoyo que ahora se establece para el fortalecimiento del desarrollo político de las mujeres. No basta incrementar los recursos que se deben destinar, sino establecer criterios específicos para su uso”.
Además, consideran que la selección de los consejeros electorales privilegie la imparcialidad de sus perfiles, acompañados por el conocimiento técnico y jurídico de sus responsabilidades y que sean propuestos por instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y grupos ciudadanos de todo el país.
Además, señalan que la reforma debería establecer garantías presupuestarias necesarias “para que ni la Cámara de Diputados ni los Congresos Locales, en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los respectivos presupuestos estatales, puedan poner en riesgo la operación de los órganos electorales”.
Proponen también definir presupuestos
Por ello, una posibilidad es establecer un porcentaje predefinido del presupuesto correspondiente. Otra es que el presupuesto base —que en teoría es irreductible— no pueda ser sujeto a modificaciones a la baja de un ejercicio presupuestal a otro y que tampoco puedan modificarse las solicitudes presupuestales.
Y consideraron que desaparecer a los Ople’s implicaría una sobre carga de trabajo para el INE que tendría que modificar e incrementar su estructura de personal para realizar actividades en ámbitos en los que no tiene experiencia.
“En todo caso, deberían revisarse las competencias del INE y de los OPLEs a la luz de la experiencia de la última década para delimitarlas y precisarlas de mejor manera”.