Con más de 7 mil solicitudes, Tamaulipas encabeza la lista de organizaciones y personas interesadas en ser observadores de la elección judicial.
Este lunes, se vence el plazo de inscripción, en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) registra más de 100 mil solicitudes para vigilar dichos comicios inéditos, cifra que resulta mayor a los que presentaron solicitud para la elección presidencial.
Estado de México, Chiapas y Ciudad de México son otras de las entidades donde se presentaron más de 5 mil solicitudes, en cada una, para observar la elección y que todavía están sujetas a aprobación de la autoridad electoral.
En contraste, Hidalgo, Campeche y Baja California Sur son las que menos interés han generado por los ciudadanos y organizaciones para observar la próxima elección judicial.
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Tamaulipas, en tercer lugar de entidades con mayor número de solicitudes aprobadas
En su último reporte, el INE informó que las entidades con mayor número de solicitudes aprobadas son Ciudad de México (mil 339); Estado de México (mil 295); Tamaulipas (703); Puebla (667); Nuevo León (530) y Chihuahua (528).
En cuanto a los cursos impartidos para ser persona observadora electoral, 75 mil 539 son en modalidad virtual (86.25 %) y 12 mil 45 presencial (13.75 %).
Los rangos de edad con mayor número de solicitudes son los de 21 a 25 años, con 11 mil una; 31 a 35, con 10 mil 469; 26 a 30, con 10 mil 193 y 36 a 40, con 10 mil 48. En todos los rangos es mayor el número de mujeres que de hombres.
Los observadores electorales son personas facultadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), interesadas en conocer los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como la Jornada Electoral del 1 de junio de 2025.
Entre los requisitos legales para ser persona observadora electoral, se encuentran: ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno, en los tres años anteriores a la elección, así como no ser, ni haber sido candidata o candidato a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección.
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También se pide no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, ni ser persona servidora de la nación, así como no ser representante o militante de algún partido político.
