Transparencia para el Pueblo informó que a un año de la publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha orientado sus acciones a la implementación de un modelo centrado en las personas, particularmente en quienes históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso a la información pública, así como en construir capacidades institucionales, analizar y atender los rezagos heredados.
De esta manera, la atención de los 5 mil 991 medios de impugnación presentados en el año 2025 es resultado de una labor imparcial en la aplicación de la ley por parte de esta autoridad garante.
A través de su Oficina de Transparencia para el Pueblo “Conecta”, ha brindado más de 14 mil atenciones, facilitando que las personas presenten solicitudes, comprendan la información pública y ejerzan este derecho sin intermediarios.
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Con la emisión de los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, indicó que se establecieron criterios para que la información que publican las instituciones sea clara, homogénea y útil en temas de interés social como presupuesto, contrataciones, pensiones, género y medio ambiente; lo que permite no solo conocer qué hacen estas, sino formular preguntas, visibilizar brechas y comprender mejor la vida pública del país.
Durante el periodo mencionado, se instaló el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, como un espacio de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para construir reglas comunes y fortalecer su implementación. A la fecha, 18 entidades federativas han armonizado su marco normativo, lo que "refleja un avance significativo en la construcción de un modelo basado en la colaboración y la corresponsabilidad".
Este Órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó el listado de 480 sujetos obligados de su competencia, quienes, a partir de la nueva ley, han publicado más de 66 mil formatos con información que puede consultar cualquier persona en la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, para fortalecer las capacidades institucionales, brindó mil 939 asesorías y realizó 44 procesos de capacitación, impactando a más de 4 mil 700 personas servidoras públicas.
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A su vez, cuando las personas no estuvieron conformes con la respuesta de una institución, acudieron a Transparencia para el Pueblo para hacer valer su derecho; en el 49% de los casos, la resolución instruyó un cambio en la respuesta inicial otorgada y en el 25% la institución corrigió su respuesta en el proceso.
