La Fiscalía General del Estado de Sinaloa señaló que cualquier solicitud relacionada con la acusación difundida por autoridades de Estados Unidos contra diversos servidores públicos, entre ellos el vicefiscal general de la entidad, deberá sujetarse al marco legal mexicano.
Esto luego de que el Gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador de Morena Enrique Inzunza Cázares, y a otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad por presunto tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
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La acusación también incluye al vicefiscal de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras, excomisario de la Policía Estatal, exsecretario de Seguridad y general de división retirado; José Antonio Dionisio Hipólito; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, este último acusado de secuestrar a un informante de la DEA.
En un posicionamiento, la institución indicó que, en el ámbito nacional, cualquier procedimiento derivado de esos señalamientos debe atender lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
La Fiscalía estatal precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la procedencia legal de cualquier solicitud, “con base en datos de prueba”.
“La institución subraya que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, señaló.
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El organismo también afirmó que toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.
“Asimismo, toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional”, indicó.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa refrendó además “su compromiso con la legalidad, la objetividad y el respeto irrestricto al marco constitucional”.