Tras la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Zona Río de Tijuana.
Por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
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De acuerdo con la institución, lo anterior fue resultado de una investigación relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por él.
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La empresa está relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionado con huachicol fiscal.
Sin embargo. Ruffo Appel manifestó públicamente que su empresa únicamente maneja la logística de importación y el papeleo aduanal en la frontera.
En julio de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que esa compañía formaba parte de las carpetas de investigación abiertas por las autoridades federales.
En ese momento, Ruffo rechazó cualquier participación en actividades ilícitas. Afirmó que no había sido citado por las autoridades y aseguró estar dispuesto a colaborar con las investigaciones.
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También señaló que la empresa operaba dentro del marco legal y que proporcionaría toda la información que le fuera requerida.