La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que enviará una iniciativa de reforma al Congreso para establecer filtros que eviten que personajes ligados con el crimen organizado puedan ser candidatos a cargos de elección popular.
Señaló que esta propuesta estaba contemplada en el Plan A de su reforma electoral y que no fue aprobada por el Congreso.
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Por lo que ahora, busca aprovechar el período extraordinario de sesiones para que pueda entrar en vigor en el proceso electoral de 2027.
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La mandataria federal recordó que desde que llegó a la presidencia de la República, se han registrado algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia.
“Si recuerdan, cuando entramos, pasó en el Estado de México, se hizo esta operación que se conoce como Operación Enjambre, en donde algunos presidentes municipales o personas que trabajaban en presidencias municipales, se encontró que eran quienes estaban vinculados con las actividades de delincuencia”.
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Teuchitlán
También recordó el caso de Teuchitlán, donde el alcalde de Movimiento Ciudadano fue detenido por tener vínculos, lo mismo que en el municipio de Tequila.
“Y mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y que yo pedí que hubiera investigación”, destacó.
Dijo que todas las investigaciones tienen que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y las leyes.
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“Pero es importante, si vamos a tener elección en el 2027 que se presenta, algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente”, enfatizó.
Al respecto, la consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde explicó que esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales creará una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Consejo General
Detalló que esta Comisión será integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General.
Y será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Esto para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.
“Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta con las diferentes dependencias … las autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable”, señaló.
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Comisión
La información recabada por las instituciones será entregada a la Comisión, sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable y se informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo.
“Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, declaró Luisa Alcalde.
Dijo que, de encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, continuarán con las investigaciones correspondientes.
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Por ello, las personas que aspiren a una candidatura deberán, como requisito obligatorio, manifestar al partido político que los postule su conformidad de ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Esto independientemente de la decisión del partido de someterla o no a consulta de la Comisión.
“Y finalmente, todo este proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso”.