La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el cobro de 2% por aprovechamiento de infraestructura física a plataformas digitales como UBER y Didi en la Ciudad de México.
En junio pasado, la extinta Segunda Sala de la Corte había declarado inconstitucional dicho cobro, debido a que se catalogó como un impuesto el cobro del 2% del total de sus comisiones o tarifas obtenidas en cada operación, por lo que confirmó un amparo otorgado a UBER.
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Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México promovió un recurso de revisión que se resolvió este jueves por el Pleno, y se aprobó el proyecto de Lenia Batres, por una votación de 7 a 2, que niega en definitiva el amparo a la plataforma digital y valida el cobro de dicho aprovechamiento.
La ministra Yasmín Esquivel votó a favor y manifestó que en este caso el cobro del aprovechamiento debe hacerse a los intermediarios y no trasladarse a los operadores o repartidores de esas plataformas.
Lenia Batres, quien elaboró el proyecto, señaló que el “gravamen puede ayudar a reparar a la ciudad el desgaste que se origina por el uso excesivo de su infraestructura”.
Sentencia contra plataformas digitales
La sentencia indica que “las empresas que hacen uso de la intermediación digital, obtienen ganancias a través de ese medio y mediante el uso de la infraestructura de la Cdmx, la cual sufre deterioro por ese uso. En cambio, las empresas obtienen ganancias por aprovechar dicha infraestructura, y si bien no hacen ese uso de manera directa, no debe perderse de vista que es a través de su intermediación que se genera el desgaste y también la obtención de ganancias”.
Otra de las consideraciones es que “la Ciudad de México deba resarcerse para poder continuar ofreciendo una infraestructura de calidad para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, tanto los que obtienen un lucro por su uso (como las empresas de intermediación digital), como aquellos que no lo obtienen”.
Contrario a lo que indica la empresa, “no se está gravando el medio digital, sino que a través de la actividad que se realiza se hace uso de la infraestructura ciudadana y, por lo tanto, el deterioro generado debe resarcirse”.
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