La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó hoy un amparo a la empresa Exploraciones del Altiplano contra las reformas que establecieron candados a la entrega de concesiones mineras, aprobadas en el llamado “viernes negro”, en abril de 2023.
Durante la sesión de este miércoles, la Segunda Sala aprobó el proyecto del ministros Alberto Pérez Dayán que niega la protección de la justicia a la compañía minera contra los cambios aprobados en fast track por la mayoría legislativa de Morena.
La solicitud de amparo fue para revisar la “constitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la de prevención y gestión integral de los residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el diario oficial de la federación de 8 de mayo de 2023.
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Una de los reclamos era que las reformas no aplicaran para empresas que solicitaron concesiones previo al decreto; sin embargo, el proyecto de sentencia señala que “aun en el supuesto de que una empresa dedicada a la minería hubiera presentado nuevas solicitudes de concesión, no existiría un derecho sustantivo a cargo de ésta para que tales solicitudes fuera resueltas de acuerdo con las normas vigentes a la época en que las hubiera formulado, puesto que el trámite es un aspecto adjetivo que no puede generar derechos adquiridos a quienes soliciten concesiones por el sólo hecho de haberlo hecho antes de la entrada en vigor del Decreto reclamado”.
“Esta Segunda Sala de la SCJN considera que las disposiciones reclamadas no vulneran el principio de irretroactividad por el hecho de establecer nuevas obligaciones para solicitar concesiones y, en todo caso, los conceptos de violación no están encaminados a demostrar una afectación indebida en los derechos que corresponden concretamente a las concesiones de las que ya es titular la empresa quejosa”.
Empresa pidió a SCJN protección de justicia contra candados para otorgar nuevas concesiones mineras
La empresa pidió la protección de la justicia contra los candados para otorgar nuevas concesiones, como realizar una consulta a los pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas y que los costos de las consultas sean absorbidas por la parte beneficiada.
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Otra de las quejas fue que el decreto atenta contra los derechos “a un desarrollo económico adecuado, sólido, dinámico, equitativo y eficiente, al otorgamiento de reglas y condiciones adecuadas y equitativas para el otorgamiento de concesiones a los particulares … así como la afectación a la capacidad contributiva de la quejosa por imponer cargas impositivas no equitativas ni proporcionada”.
