Para evitar el hacinamiento para aquellos mexicanos que son repatriados a nuestro país y que reciban un trato digno y humano, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde a reformas a la Ley General de Población.
Según el dictamen, las autoridades de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, tendrán que crear un protocolo que garantice, en los centros de detención provisional, un espacio y atención digna.
También contempla que los mexicanos que ingresen a territorio nacional deben tener comunicación telefónica, recibir alimentos, espacio digno, enseres básicos para su aseo personal, atención legal, psicológica y médica.
Además, contempla que deberán ser informados respecto de los diversos programas y apoyos que pueden recibir y podrán ser apoyados para el traslado a su lugar de residencia en México.
Se deberá evitar que las autoridades discriminen a consecuencia de origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia.
Para el caso de los menores de edad, se deberá crear espacios separados para hombres y mujeres, así como para los adolescentes no acompañados en tanto son canalizados a alguna institución de asistencia familiar.
Amalia García Medina, quien preside la comisión de Asunto Migratorios, explicó que los migrantes deportados a México deben gozar del respeto a sus derechos humanos los cuales siguen vigentes.
“El propósito es que se establezca de manera puntual y precisa un protocolo de actuación que muestre paso a paso cómo se debe tratar a quienes han aportado tanto a nuestro país, pero se fueron porque aquí no habían encontrado oportunidades, forzados por las circunstancias”.
René Fujiwara (Panal), recordó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 2011 habían 11.7 millones de mexicanos residiendo en los Estados Unidos, lo que equivale al cuatro por ciento de la población total del vecino país.
“La realidad es que en estas deportaciones se constituyen sistemáticamente violaciones a sus derechos humanos por parte de la autoridad migratoria (Segob-INM)”, sostuvo.
Mientras que Aída Fabiola Valencia Ramírez, (MC) pidió al presidente Enrique Peña Nieto a frenar esta migración “explosiva en donde se están yendo mujeres y hombres de Oaxaca y Veracruz, entre otros estados”.
Mientras que Néstor Gordillo Castillo (PAN) enfatizó que en los últimos cinco años hubo más de 2 millones de mexicanos repatriados y 824 mil más que regresaron de forma voluntaria.
“Su situación de vulnerabilidad los hace más propensos a enfrentarse al riesgo de ser llevados a las filas del crimen organizado o ser víctimas de la trata de persona y del tráfico humano en sus distintas modalidades”, indicó.
