El gobierno federal debe otorgar visas de tránsito a migrantes centroamericanos que pasan por el país para llegar a los Estados Unidos a fin de evitar violaciones a sus derechos humanos, así lo consideró la diputada Amalia García Medina del PRD.

 

“La opción más adecuada para que dejen de ocurrir violaciones a los derechos humanos es que el gobierno federal otorgue visas de tránsito a migrantes centroamericanos que utilizan nuestro país como territorio de paso”, indicó la legisladora que preside la comisión de Asuntos Migratorios.

 

El Estado mexicano, dijo, “tiene la capacidad para otorgarles visas de tránsito a todos ellos” y resaltó que “se deben realizar medidas efectivas y de fondo ante el sombrío panorama de la violación sistemática de los derechos humanos” y destacó que migrar es un derecho inalienable.

 

La organización “Sin Fronteras” agregó presentó su informe “La Ruta del Encierro”, con base en monitoreos en estaciones migratorias y provisionales a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), y en entrevistas a migrantes alojados en éstas.

 

Consigna que en el periodo de enero a diciembre de 2013, el INM registró 86 mil 929 eventos de detención, 14 mil 73 mujeres, nueve mil 893 menores de 18 años y 72 mil 856 adultos varones, de los cuales 81 mil 394 provienen de países de América Central.

 

García Medina sostuvo que los investigadores de “Sin Fronteras” conocieron de manera directa las condiciones de detención en Iztapalapa (Distrito Federal) y en los municipios de San Pedro Tapanatepec, La Ventosa y Salina Cruz (Oaxaca), durante el 2013.

 

El informe muestra las condiciones materiales y humanas que afectan a migrantes por el encierro, la estructura carcelaria de los espacios, falta de actividades recreativas, dificultad para realizar llamadas telefónicas, escaso o nulo apoyo de sus consulados e incertidumbre sobre el tiempo en que permanecerán encerrados, añadió.

 

“Todo ello constituye, sin lugar a dudas, claras violaciones a sus derechos humanos”, dijo.

 

Agregó que en México, a decir del propio INM, no es delito internarse al país sin documentos, por lo que no se justifica bajo ningún punto de vista que quienes lo hagan sean detenidos durante semanas e, incluso, meses.

 

Sostuvo que los más afectados son niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, enfermas y quienes han sufrido lesiones, algunas graves, causadas por accidentes en el tren conocido como “La Bestia”.

 

Subrayó que “esta política persecutoria, policiaca y carcelaria dirigida hacia los migrantes, les obliga a utilizar medios de transporte peligrosos y rutas fatídicas, en donde son víctimas de extorsiones, violaciones y abusos, trata, secuestros e incluso asesinatos”.

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