Un comerciante de armas del estado de Arizona es acusado formalmente en Estados Unidos de conspirar para suministrar armamento al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), organizaciones que el presidente Donald Trump designó como terroristas extranjeras al inicio de su segundo mandato.
Los nuevos cargos incluyen "apoyo material al terrorismo", una figura jurídica de alto impacto que amplía significativamente la exposición penal del imputado, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Arizona.
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La acusación identifica a Laurence Gray, propietario de la empresa Grips By Larry y ex titular de licencia federal de armas, como el presunto responsable de intentar proveer armamento al CJNG en mayo de 2025 y de conspirar para abastecer a ambos cárteles durante ese mismo año.
Gray ya arrastraba cargos previos por tráfico ilegal de armas, compras mediante intermediarios —conocidas como straw purchases, mecanismo mediante el cual una persona adquiere un arma en nombre de otra para ocultar su identidad— y declaraciones falsas en formularios oficiales requeridos para la adquisición de armamento, delitos que compartía con otro implicado en la causa, Barrett Weinberger.
Estas modalidades identificadas por autoridades federales como vías recurrentes para desviar armas del mercado legal hacia organizaciones criminales.
Operación Take Back America
El caso se encuadra en la Operación Take Back America, una iniciativa del Departamento de Justicia orientada a combatir organizaciones criminales transnacionales mediante instrumentos propios de la legislación antiterrorista. Este enfoque amplía las facultades de investigación y puede facilitar decomisos, sanciones financieras y esquemas de cooperación judicial reforzada.
La designación de ambos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, emitida en febrero de 2025, marcó un punto de inflexión en la política estadounidense frente al crimen organizado mexicano: ya no solo se persigue a operadores directos, sino también a quienes les proveen recursos estratégicos como el armamento.
Contexto bilateral
El expediente abre un nuevo capítulo en las tensiones bilaterales en torno al tráfico ilícito de armas. En 2021, el gobierno mexicano demandó a fabricantes estadounidenses por prácticas comerciales que facilitan el acceso de organizaciones criminales a armamento de alto poder. Investigaciones federales han documentado, además, redes de compradores intermediarios que adquieren armas legalmente en estados fronterizos para transferirlas posteriormente a los cárteles.