Estados Unidos y Belice firmaron un acuerdo que permitirá a Washington enviar al país centroamericano a migrantes que soliciten asilo en territorio estadounidense, mientras se resuelve su estatus legal. El convenio, presentado como un acuerdo de “tercer país seguro”, aún debe quedar ratificado por el Senado beliceño.
De concretarse, Belice se uniría a una lista de países —como El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda— que han aceptado recibir migrantes deportados por la administración de Donald Trump.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la firma como “un hito importante” para frenar la inmigración irregular y “poner fin al abuso del sistema de asilo”. El documento fue suscrito por el canciller beliceño Francis Fonseca y la diplomática estadounidense Katharine Beamer.
Un modelo cuestionado
El acuerdo se inspira en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que permite a un país remitir a solicitantes de asilo a un tercero considerado “seguro”. Sin embargo, organizaciones humanitarias han advertido en otros contextos que este tipo de convenios trasladan las obligaciones internacionales de protección a naciones con menos recursos y capacidades.
Belice aclaró que se reserva el derecho de rechazar a personas específicas y que el pacto tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable o revocable por cualquiera de las partes. El canciller Fonseca defendió el acuerdo asegurando que estos mecanismos “permiten un manejo ordenado, justo y legal de los casos de asilo”.
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Reconfiguración regional
En el último año, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras también han recibido a migrantes trasladados por Washington, en una estrategia que busca externalizar la gestión migratoria de Estados Unidos. El nuevo acuerdo con Belice refuerza ese esquema y proyecta un impacto político y social significativo en la región, donde las rutas migratorias siguen multiplicándose y las fronteras se transforman en espacios de contención más que de protección.