La captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos dentro de Venezuela detonó una reacción inusual por su amplitud: condenas de rivales estratégicos de Washington, críticas de aliados tradicionales y, al mismo tiempo, señales de respaldo desde gobiernos que celebran el fin del chavismo.
El episodio -con Maduro encarcelado en Nueva York y con Washington afirmando que asumió el control del país y su transición- reactivó una pregunta incómoda para la diplomacia contemporánea: ¿hasta dónde llega la soberanía cuando una potencia decide imponer orden, y con qué reglas se sostiene ese "orden" ante el resto del mundo?
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La operación, descrita por el secretario de Estado, Marco Rubio como "policial" con apoyo del Pentágono, ocurre bajo una narrativa que mezcla seguridad, narcotráfico y control territorial. Donald Trump declaró que uno de sus objetivos es asegurar el dominio sobre el petróleo venezolano, un punto especialmente sensible para una región históricamente marcada por disputas energéticas y por el rechazo a la tutela externa. En paralelo, Rubio reconoció como nueva mandataria a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, respaldada por la cúpula militar venezolana, mientras calificó de "prematuro" hablar de elecciones.
Alarma transversal: condenas y respaldos en un mismo mapa por el caso Nicolás Maduro
China pidió la "liberación inmediata" de Maduro y denunció el "comportamiento hegemónico" de Washington; Rusia e Irán también exigieron su liberación y condenaron el ataque. Cuba sostuvo que Estados Unidos "no tiene autoridad moral" para extraer por la fuerza a un jefe de Estado, aunque lo responsabilizó por su integridad física. Corea del Norte habló de "la más grave violación de la soberanía".
Pero el giro más revelador llegó desde países que suelen convivir con matices-con la agenda estadounidense. México condenó "enérgicamente" la acción militar unilateral; Brasil, Chile y Colombia la calificaron como una línea "inaceptable" y presionaron para que la ONU intervenga. Gustavo Petro ordenó movilización militar a la frontera y pidió una reunión inmediata del Consejo de Seguridad. Gabriel Boric advirtió: "Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro", en referencia al riesgo de normalizar el control directo de un Estado extranjero sobre el territorio de otro.
En Europa, la Unión Europea pidió calma y moderación, insistiendo en que la salida debe respetar la voluntad popular. España fijó una posición doble: "no reconoció al régimen de Maduro", pero tampoco avala "una intervención que viola el derecho internacional". Francia y Alemania, en cambio, se acercaron al argumento político: Emmanuel Macron habló de "transición pacífica" tras el fin de la "dictadura", y Friedrich Merz subrayó el deterioro venezolano y sus vínculos con el narcotráfico. Italia informó una conversación entre Giorgia Meloni y María Corina Machado, con el mensaje de que la salida de Maduro abre "un nuevo capítulo de esperanza". Reino Unido tomó distancia: pidió respeto al derecho internacional y aseguró no haber participado.
La fractura regional: control de recursos y miedo al precedente
En un comunicado conjunto, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron "cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" venezolanos. La frase apunta directo al nervio de la polémica: si la intervención se justifica en nombre de la seguridad y termina en administración de recursos, la discusión deja de ser solo venezolana y pasa a ser un caso de doctrina hemisférica.
Esa lectura se alimenta con el propio discurso de Trump, que presentó la operación como una actualización de la Doctrina Monroe, rebautizada con un juego de palabras como "Doctrina Monroe", y prometió que el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental "nunca será cuestionado". Para varios gobiernos, el problema no es únicamente el destino de Maduro, sino el precedente: quién decide la legitimidad de un gobierno y qué potencia puede, en los hechos, sustituir el derecho por la fuerza.
Dentro de Estados Unidos, el episodio abrió un frente jurídico y político. Líderes demócratas en el Congreso lo calificaron de "acto de guerra" y cuestionaron que no hubiera autorización legislativa. Expertas como Bárbara McQuade, exfiscal federal y profesora de derecho, advirtieron que el método sin extradición y con uso militar-podría violar la Carta de la ONU y complicar el proceso en tribunales, incluso por el debate sobre inmunidad de un jefe de Estado. Del otro lado, el exfiscal general Bill Barr defendió la analogía con el caso Manuel Noriega y sostuvo que el precedente permite ese tipo de detenciones, aunque impliquen fricción con el derecho internacional.
Análisis: expectativa social, riesgo sistémico
La internacionalista de la UNAM, María Fernanda Uribe Prado, propone leer el momento con dos lentes simultáneos: el político y el sistémico. Reconoce que parte de la opinión pública percibe la intervención como "un desenlace esperado" ante años de sanciones, presión diplomática y denuncias de deterioro institucional y de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, subraya el núcleo del conflicto: "que un hecho sea esperado no lo convierte automáticamente en legítimo ni en jurídicamente sostenible".
Para Uribe Prado, lo más problemático no es solo el objetivo, sino "la forma y el discurso" que lo acompañan, especialmente cuando la Casa Blanca habla de administrar Venezuela y controlar su petróleo, una narrativa "más cercana al imperialismo clásico" que a una acción multilateral orientada a proteger civiles.
La internacionalista enfatiza que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza, salvo excepciones -legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad-que "no han sido claramente acreditadas" en este caso. También advierte que el TIAR no equivale a un permiso automático de intervención unilateral, sino que requiere consulta y decisión colectiva, sin constancia de haber sido invocado formalmente. Su conclusión apunta al tamaño del dilema: "enfrentar regímenes autoritarios sin destruir las reglas" que han contenido excesos desde 1945, porque lo ocurrido "resonará en toda América Latina y en el sistema internacional".
Calle e identidades: del alivio al rechazo
La polarización no se quedó en cancillerías. En Madrid, miles se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos contra lo que llamaron "agresión imperialista", con pancartas alusivas al petróleo. En Amsterdam hubo protestas similares. Por otro lado, comunidades venezolanas en Estados Unidos celebraron la captura con banderas y consignas de "libertad", aunque también expresaron temor por lo que viene, ante la permanencia de estructuras chavistas y la incertidumbre de una transición bajo tutela extranjera.
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La captura de Maduro se convirtió en un espejo del orden global: para unos, una operación que corrige una deriva autoritaria y criminal; para otros, una ruptura peligrosa del principio de soberanía que reintroduce la lógica de esferas de influencia. Lo que está en juego no es solo quién gobierna Venezuela, sino qué mundo se está aceptando cuando la fuerza pretende reemplazar, sin consenso, a las reglas.