La capital del Medio Oeste estadounidense vive estos días bajo una tensión que
desafía su propia identidad. Chicago, símbolo del refugio y la diversidad, se ha transformado en epicentro de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha descrito a la metrópoli como una “zona de guerra”.
Lo que fuera una ciudad santuario se ha convertido en una frontera interior: un terreno
donde se disputa, más que la ley, la esencia misma del país.
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El miércoles, el presidente Trump pidió públicamente el encarcelamiento del alcalde
Brandon Johnson y del gobernador de Illinois, JB Pritzker, a quienes acusó de “no
proteger a los agentes de ICE”.
En su red Truth Social escribió: “¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel! ¡El gobernador Pritzker también!”. Ambos demócratas han sido los principales opositores al despliegue de la Guardia Nacional ordenado por la Casa Blanca, que ya ha movilizado cerca de 500 soldados en la región, con otros 300 listos para sumarse.
Chicago bajo asedio
Los alrededores del centro de detención migratoria de Broadview, en las afueras de
la ciudad, se han convertido en escenario de protestas diarias.
Decenas de activistas bloquean la salida de los vehículos oficiales, mientras el gobierno federal acusa a las autoridades locales de “incitar a la anarquía”.
El alcalde Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las fuerzas federales utilizar propiedades municipales para sus operaciones, mientras Pritzker calificó la presencia de tropas como “una invasión inconstitucional” y acusó a Trump de usar a los soldados “como peones políticos.
El mandatario, sin embargo, insiste en que Chicago es un “infierno de crimen” y que
el despliegue busca proteger a los oficiales de ICE. Las cifras oficiales contradicen
su narrativa: los homicidios han caído 31% desde inicios de 2025.
Pero el discurso presidencial no se apoya en estadísticas, sino en la guerra cultural que enfrenta a dos visiones de país: una que ve en los migrantes una amenaza, y otra que los
considera parte del tejido estadounidense.
La “zona de guerra” interior
El despliegue de tropas bajo mando federal, sin consentimiento estatal, es una
medida sin precedentes recientes. La Ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe al
ejército cumplir funciones policiales dentro del territorio nacional. No obstante,
Trump ha insinuado su disposición a invocar la Ley de Insurrección, la misma que
permite enviar tropas a los estados “rebeldes”.
En un discurso ante el alto mando militar, el mandatario pidió “vigilar al enemigo interior” y “resucitar el espíritu guerrero” del ejército, señalando a ciudades demócratas como Chicago, Los Ángeles o Nueva York como “campos de entrenamiento” para las fuerzas armadas.
Su secretario de Guerra —título restablecido por la administración—, Pete Hegseth,
delineó una política de “mentalidad combativa” dentro y fuera del país. Bajo esa
lógica, la inmigración ha pasado de ser un asunto civil a una cuestión de seguridad
nacional.
La medida convierte a la ciudad santuario, con más 400 mil indocumentados,
en un foco de la política antimigratoria
La ciudad santuario
Chicago ha sido, desde hace más de una década, una de las principales “ciudades
santuario” de Estados Unidos. En virtud de la Welcoming City Ordinance (2012) y la
TRUST Act de Illinois (2017), las autoridades locales no pueden detener a nadie
únicamente por su estatus migratorio ni colaborar activamente con ICE sin orden
judicial. En julio de 2025, un juez federal reafirmó la validez de estas normas al
desestimar una demanda del Departamento de Justicia que buscaba anularlas.
Pero las protecciones tienen grietas. ICE sigue accediendo a bases de datos locales
y utilizando huellas digitales para localizar a personas sin autorización. La política de
santuario, lejos de ser un escudo impenetrable, funciona como una línea de
resistencia legal en una guerra política más amplia.
Una frontera en el corazón del país
En Illinois viven unos 425,000 inmigrantes indocumentados, de los cuales más de
277,000 son de origen mexicano, según el Migration Policy Institute. En Chicago, el
número de personas “no ciudadanas” supera las 800,000, de acuerdo con el Vera
Institute. Desde 2022, más de 51,000 migrantes han llegado desde la frontera sur.
En su momento más álgido, la ciudad albergó hasta 15,000 solicitantes de asilo; hoy
quedan unos 5,000, en su mayoría venezolanos, centroamericanos y mexicanos.
Esa mezcla de refugio, diversidad y precariedad convierte a Chicago en una frontera
viva. No una línea en el mapa, sino una frontera moral y política: entre el
cumplimiento de la ley federal y la defensa de la dignidad humana; entre el orden y
la compasión.
Escenario de choque
El pulso entre Trump y las autoridades locales podría definir un precedente sobre los
límites del poder presidencial. Los abogados del condado de Cook han advertido
que la intervención federal “socava la soberanía estatal y aumenta el miedo público”.
En tanto, la administración argumenta que el presidente tiene autoridad exclusiva
para decidir cuándo utilizar la Guardia Nacional, citando un fallo de la Corte
Suprema de 1827.
En este clima, Chicago se convierte en espejo del país: una urbe donde el debate
sobre migración, autoridad y derechos civiles se libra no sólo en los tribunales, sino
en las calles. La ciudad que se definía por acoger a los que buscan un hogar ahora
enfrenta el desafío de resistir la militarización del suyo.
Trump ha hecho de Chicago su emblema de “la decadencia urbana bajo los
demócratas”. Sus críticos responden que esa retórica pretende justificar un control
federal sin precedentes. Mientras tanto, la población migrante —que sostiene buena
parte de la economía local— se mueve entre el miedo y la resiliencia.