La Corte Suprema de Estados Unidos dio vía libre a la administración de Donald Trump para implementar una prohibición dirigida a personas transgénero en las fuerzas armadas. Con cinco votos a favor y tres en contra —los jueces liberales disintieron— el fallo revoca temporalmente una orden judicial que había bloqueado la política a nivel nacional, mientras el litigio principal sigue su curso.
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La medida constituye un revés para los siete militares transgénero que encabezan el litigio, entre ellos la comandante naval Emily Shilling. El equipo legal de los demandantes argumenta que la prohibición infringe la 14ª Enmienda, al negar igualdad de protección ante la ley, y se sustenta en prejuicios más que en criterios militares objetivos.
El Departamento de Defensa, por su parte, defiende la política como una cuestión de disciplina y eficacia operativa. En documentos judiciales, el procurador general D. John Sauer, sostuvo que el veto es una prerrogativa del Ejecutivo, sujeta a una “deferencia sustancial” por parte de los tribunales, dada su naturaleza castrense.
Restricción ampliada, motivaciones en entredicho
La política, anunciada inicialmente en febrero de aquel año, se diferencia del veto parcial emitido durante el primer mandato del magnate republicano. Esta versión amplía las restricciones, descalificando en general a quienes padecen disforia de género o han recibido tratamientos médicos vinculados.
Un informe del Pentágono, usado como sustento, señala que estas condiciones afectarían la "eficacia y letalidad" del cuerpo militar. Sin embargo, las voces críticas —incluidos exfuncionarios y organizaciones de derechos civiles— advierten que la política se apoya en supuestos infundados y revela un sesgo institucional contra la comunidad transgénero.
Reacciones y litigio en curso
El caso judicial sigue fragmentado. Mientras el juez federal de Washington bloqueó la medida por considerarla abiertamente discriminatoria, la Corte de Apelaciones del Circuito del D.C. suspendió ese fallo de manera temporal.
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El tribunal aún no ha emitido una sentencia definitiva, lo que deja en pie la posibilidad de que la política se mantenga activa por tiempo indefinido.
