Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, su administración ha enfrentado un número significativo de desafíos legales que reflejan la polarización política y el rechazo a sus políticas.
Un análisis de NBC News, basado en documentos judiciales, revela que al menos 90 demandas fueron presentadas contra el gobierno del magnate, en las cuales involucra a 14 departamentos y agencias. De estos casos, nueve están en etapa de apelación y dos llegaron a la Corte Suprema, incluyendo uno sobre el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otro relacionado con el despido del fiscal especial Hampton Dellinger.
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El ámbito migratorio concentra el mayor número de litigios, con 21 demandas registradas. Entre las políticas más polémicas destaca la orden ejecutiva que revoca el derecho a la ciudadanía por nacimiento, conocida como "birthright citizenship".
La medida fue impugnada por fiscales estatales y organizaciones que representan a madres embarazadas. Hasta ahora, los tribunales emitieron medidas cautelares que frenan su aplicación. Según expertos consultados por The New York Times, esta política podría alterar décadas de jurisprudencia y tener un impacto profundo en la población migrante.
Más reformas
Otro foco de controversia es el Departamento de Gobierno Electrónico (DOGE), liderado por Elon Musk, que enfrenta 19 demandas debido a sus reformas de modernización. Mientras Musk defiende las reformas como un mecanismo para reducir la burocracia, sus críticos advierten sobre riesgos para la transparencia.
Las reformas de Trump a la función pública han sido objeto de 18 litigios. Estas iniciativas buscan reducir protecciones laborales y ampliar la autoridad de la Casa Blanca en materia de despidos. Sindicatos y organizaciones laborales denuncian que estas medidas debilitan la estabilidad del empleo público y centralizan el poder en el Ejecutivo.
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Las políticas de género también generan una fuerte reacción legal, con 11 demandas en su contra. Entre los casos más relevantes están la reubicación de mujeres trans en prisiones masculinas y la negación de atención médica para la transición de género, medidas calificadas como discriminatorias por organismos.
USAID, por su parte, enfrenta dos demandas, una de ellas relacionada con un intento de desmantelar la agencia. Otras seis querellas abordan iniciativas vinculadas a diversidad, libertad de expresión y la tarificación de la congestión en Nueva York.
Estos litigios evidencian la fuerte oposición que suscitaron las políticas de la administración Trump en distintos sectores de la sociedad estadounidense. Analistas estadounidenses señalan que el alto número de demandas no solo es un reflejo de la creciente polarización, sino también de la resistencia institucional y civil ante cambios drásticos que impulsa el republicano.
