En apenas siete meses, la administración de Donald Trump y gobiernos estatales afines, como Florida y Texas, han destinado o comprometido entre 899 y 926 millones de dólares —entre 16.8 mil millones y 17.3 mil millones de pesos mexicanos— en políticas migratorias.
El gasto es el primer paso de lo que el magnate republicano anunció desde su campaña de 2024: la “mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos”, una promesa calificada de absurda por especialistas y defensores de derechos humanos y que prevé la expulsión de hasta 20 millones de personas mediante recursos legales excepcionales.
Aunque la cifra luce modesta frente a los grandes proyectos de infraestructura de Estados Unidos, el verdadero salto llegará con la entrada en vigor de la ley “One Big Beautiful Bill Act”, que abre la llave a 170 mil millones de dólares adicionales en los próximos años para reforzar el muro fronterizo con México, más detenciones y deportaciones.
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Las costosas políticas migratorias del gobierno de Trump
El gasto inmediato se ha dirigido a vuelos y operaciones de expulsión masiva. Según Reuters y PBS, aeronaves militares estadounidenses transportaron a más de cinco mil migrantes, con un costo estimado de 23.4 millones de dólares. A ello se suman los vuelos chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que superaron las 800 operaciones en lo que va del año, con un gasto calculado entre 37 y 74 millones.
Un rasgo singular de la estrategia fue el convenio con El Salvador. El presidente Nayib Bukele aceptó recibir deportados en la megacárcel Cecot a cambio de un pago inicial de seis millones de dólares, aunque fuentes legislativas apuntan que la cifra podría ascender a 15 millones. Organizaciones civiles cuestionan tanto la legalidad como la transparencia del acuerdo, que ha convertido a la prisión símbolo del “modelo Bukele” en receptor de migrantes expulsados por Washington.

Militares, cárceles y muro
El Pentágono también se ha involucrado. En junio desplegó cinco mil efectivos en Los Ángeles para respaldar redadas del ICE durante dos meses, a un costo de 134 millones de dólares. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adjudicó contratos en los estados de Nueva Jersey, Michigan y Texas para ampliar centros de detención por 153 millones anuales. Y en Texas se inició la construcción de más de 11 kilómetros de muro fronterizo, con un presupuesto de 70.3 millones.
Florida, laboratorio estatal
A nivel estatal, el gobernador Ron DeSantis convirtió a Florida en epicentro de políticas migratorias extremas. Tan solo en julio, inauguró el centro de detención "Alligator Alcatraz", cuyo costo operativo asciende a 450 millones de dólares anuales, y un mes después transformó la prisión de Baker en otro centro, bautizado de manera provocadora como "Deportation Depot", con una inversión de seis millones de dólares.
Pese a que DeSantis insiste en que estos proyectos se financian con fondos estatales, no oculta su intención de recuperar los costos mediante reembolsos del paquete federal de 10 mil millones de dólares que la Casa Blanca destinará a estados aliados.
Balance parcial del gasto de Trump en migración
De acuerdo con estimaciones basadas en reportes de medios como The Washington Post, Defense News y Engineering News-Record, el gasto federal ejecutado hasta agosto oscila entre 201 y 238 millones de dólares, mientras que los compromisos contractuales adjudicados este año suman otros 223 millones. Con los proyectos de Florida, la cifra global se aproxima a los 900 millones, apenas un anticipo de lo que se perfila para los próximos meses.
A esta suma se añadirían partidas opacas que no fueron integradas al cálculo oficial: los costos de mantener a migrantes en instalaciones como Guantánamo, estimados en decenas de millones; los acuerdos con países africanos —Esuatini, Sudán del Sur o Ruanda— para recibir deportados; y los bonos de contratación para nuevos agentes del ICE, que alcanzan hasta 50 mil dólares por recluta. Aunque no hay cifras claras, se trata de desembolsos que inevitablemente engrosan la factura migratoria.
El verdadero salto
El contraste es revelador: mientras los desembolsos actuales son millonarios, la “One Big Beautiful Bill Act” aprobada en verano prevé partidas muy superiores: 30 mil millones para reforzar el personal del ICE, 45 mil millones para expandir centros de detención y 46 mil millones para muro fronterizo. En conjunto, una inyección de recursos que sobrepasa de lejos los montos erogados hasta ahora.
Los datos coinciden con un repunte sin precedentes en arrestos y detenciones. Análisis de The Guardian revelan que los arrestos diarios del ICE aumentaron 268 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2024, en operaciones que incluyeron redadas en fábricas, parques y hasta estacionamientos de Home Depot. La población detenida por el ICE superó las 55 mil personas a finales de junio, cuando el Congreso sólo había financiado 41 mil 500 camas.
Aunque los 900 millones invertidos hasta ahora reflejan la agresividad del nuevo enfoque migratorio, el costo real es seguramente mayor. La falta de transparencia en partidas sensibles y los compromisos pendientes hacen prever que el gasto en migración ya supera ampliamente la cifra reportada por el Gobierno de Trump, y que el grueso de la factura apenas comienza a llegar.