FOTO: REUTERS/ARCHIVO La revolución iraní de 1979 supuso la ruptura de los lazos entre Washington y Teherán, pero ninguno de los dos países decidió en su momento retirarse de ese tratado  

EU le pidió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se declare incompetente para considerar la suspensión de las sanciones contra Irán, que son un asunto de su «seguridad nacional», dijo hoy la asesora legal del Departamento de Estado norteamericano Jennifer Newstead.

 

El alto tribunal de la ONU celebró hoy la segunda jornada de las vistas orales que enfrentan a ambos países, después de que Irán reclamase ayer a los jueces que le exijan a EU, como medida provisional, suspender el restablecimiento de las sanciones.

 

EU anunció la reimposición de sanciones en mayo pasado tras retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.

 

Ese acuerdo impuso límites e inspecciones al programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, que penalizaban a las compañías internacionales que hicieran negocios con Teherán.

 

Los abogados de Irán reconocieron ayer que las nuevas sanciones -una primera tanda entró en vigor hace tres semanas y la siguiente está prevista en noviembre- «han dañado» su economía, pues decenas de empresas se han retirado del país.

 

EU se retiró del acuerdo de 2015 a pesar de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado en varias ocasiones que Irán está cumpliendo con lo establecido.

 

Newstead aseguró ante los jueces que el pacto no contenía «inspecciones suficientes» para comprobar el desmantelamiento del programa nuclear del país ni trataba su programa de misiles balísticos.

 

En este sentido, los abogados estadounidenses presentaron el extracto de una entrevista de la cadena Fox News con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que éste decía que quería «pelear contra el programa de misiles balísticos iraní».

 

Sin embargo, en esas mismas declaraciones el mandatario francés recomendaba a EU no retirarse del acuerdo nuclear, porque no existía «ningún plan B».

 

Newstead argumentó también que el acuerdo de 2015 no evalúa «la financiación que Irán provee en otros conflictos» de Oriente Medio a grupos «como Hizbulá o Al Qaeda«, considerados terroristas por Washington.

 

Irán ha basado su recurso en el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares firmado con EU en 1955, cuando ambos países aún gozaban de buenas relaciones.

 

La revolución iraní de 1979 supuso la ruptura de los lazos entre Washington y Teherán, pero ninguno de los dos países decidió en su momento retirarse de ese tratado.

 

Según Irán, el restablecimiento de las sanciones por parte de EU «viola múltiples disposiciones» de ese tratado, que establece la obligación de «asegurar la protección de individuos y compañías y no interferir en las operaciones entre los dos países».

 

Newstead criticó que se utilice un tratado firmado hace más de 60 años como «medio» para «aliviar la reimposición de las sanciones» decididas por Trump.

 

Pero, al mismo tiempo, la letrada de EU Lisa Grosh expuso que, aunque los jueces tomen en cuenta el tratado de 1955, éste contiene un apartado de excepciones que permitiría a Washington restablecer las sanciones contra Irán.

 

El párrafo 20 del documento reza que no se impedirá «la aplicación de medidas que regulen la producción o el tráfico de armas, municiones y material de guerra», dijo, lo que daría cobertura legal a Washington para reimponer las sanciones.

 

Los abogados estadounidenses recordaron que otros Gobiernos de EU, como los de los presidentes Bill Clinton o Barack Obama, también impulsaron medidas sancionadoras contra el país asiático.

 

Las vistas continuarán en La Haya hasta el jueves, tras lo cual los jueces se retirarán para deliberar, lo que previsiblemente llevará semanas.

 

En caso de que la CIJ exija la suspensión total o parcial de las sanciones, está por ver si Washington aceptaría su fallo, pues ello depende de la voluntad de los Estados y, eventualmente, del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos tiene derecho a veto.

 

TFA