Tres ciudadanos mexicanos terminaron bajo arresto el 27 de junio por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerca de Presidio, Texas, tras cruzar ilegalmente la frontera presuntamente portando rifles estilo AK. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Edgar Barrios-Nájera, Misael Hernández-Rodríguez y Braulio Murrillo-Tevarez enfrentan cargos federales por armas, en un caso que el gobierno estadounidense presentó como ejemplo de su estrategia para vincular el control migratorio con la seguridad nacional y el combate al crimen.
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Según las autoridades, dos de los detenidos portaban rifles al ingresar al país, mientras que un tercero condujo a los agentes hasta otra arma de fuego. Las armas y la munición quedaron bajo custodia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Aunque el DHS señaló que aún no existe evidencia pública que vincule a los tres mexicanos con cárteles o pandillas, destacó el caso como una muestra de la política de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump para impedir el ingreso de personas armadas al país.
Investigación penal
A diferencia de una detención por ingreso irregular (que normalmente se limita al ámbito migratorio y puede derivar en un procedimiento administrativo o de deportación), el presunto ingreso de armas convierte el caso en una investigación penal federal.
En estas circunstancias, las autoridades estadounidenses pueden presentar cargos relacionados con la importación, transporte o posesión ilegal de armas de fuego, delitos cuya investigación corresponde al gobierno federal y no únicamente a las autoridades migratorias.
Por esa razón, además de enfrentar un proceso por haber cruzado ilegalmente la frontera, los tres detenidos fueron acusados de delitos federales en materia de armas, mientras la ATF realiza los peritajes para determinar el origen del armamento y si existen otras conductas delictivas asociadas.
El gobierno estadounidense ha endurecido en los últimos meses su discurso sobre seguridad fronteriza, al integrar en una misma estrategia el combate a la migración irregular, el tráfico de drogas, el contrabando de armas y las actividades de organizaciones criminales.