El expresidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de un fallido golpe de estado y que permaneció en huelga de hambre desde el lunes en su celda, fue hospitalizado tras sufrir una descompensación.
Castillo, de 55 años, está fuera de peligro según los estudios médicos leídos por la jueza Norma Carbajal durante su audiencia en curso.
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Expresidente de Perú, fuera de peligro
"El expresidente fue evacuado de emergencia al hospital por una descompensación sufrida a escasas horas del reinicio del juicio en su contra (...) Se encuentra estable", señala la jueza.
Castillo fue trasladado en ambulancia al hospital de Vitarte, el más cercano a la prisión para presidentes donde está recluido desde diciembre de 2022.
El tribunal decidió proseguir la audiencia, desestimando un pedido de suspensión del defensor público de Castillo.
Expresidente bajo la lupa de la controversia
Además del expresidente izquierdista (2021-2022), también son procesados los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez como presuntos coautores del golpe de Estado de 2022.
El lunes, Castillo comenzó una huelga de hambre en protesta por el juicio, alegando que nunca se alzó en armas porque el golpe no se concretó ante la negativa de las fuerzas armadas de acatar sus órdenes.
Según la fiscalía no hay motivo para suspender el juicio.
El tribunal recordó que una huelga de hambre es "una conducta prohibida, considerada falta grave por el código penal".
Desde que comenzó el juicio el 4 de marzo, Castillo ha expresado que no desea declarar y ha rechazado los delitos que se le imputan.
La fiscalía pidió 34 años de prisión por el presunto delito de rebelión y alteración del orden público.
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El abogado del exmandatario, Walter Ayala, anunció desde el lunes que la huelga de hambre era "una protesta pacífica para que el mundo tenga conocimiento que se encuentra preso de manera injusta, arbitraria".

Según su abogado, se mantendrá en huelga hasta que modifiquen el tribunal de la Corte Suprema que lo juzga y que sea liberado.
Castillo, un exsindicalista de izquierda, cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país en el que anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una petición de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.
