En Bogotá hay una mujer que sube a los autobuses con una máscara cubriéndole el rostro y tubos en la nariz para poder respirar.
Pide monedas para comprar los insumos de sus cirugías.
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Se llama María Consuelo Córdoba, tiene 58 años y desde hace cuatro años cuenta con autorización para acceder a la eutanasia, un procedimiento despenalizado por la Corte Constitucional en 1997 y que un comité médico aprueba caso por caso.
El ataque ocurrió en el año 2000.
Según su relato, había dejado Cartagena tras casi 18 años de violencia junto a su expareja y encontró trabajo en una casa de familia en la capital.
Él la buscó hasta allá. Una noche tocó la puerta con el pretexto de que había perdido las llaves y, cuando ella abrió, le arrojó ácido en el rostro.
Permaneció más de tres años hospitalizada y ha pasado por cerca de 87 cirugías.
Del proceso judicial sabe poco: asegura que le informaron de una condena de cuatro años y que el agresor quedó libre. Cuando su testimonio volvió a circular esta semana por medio de una entrevista en los canales de Youtube CityTV y Vamos pa’ eso, varios titulares dijeron que pedía la eutanasia.
La entidad promotora de salud (EPS) que la atiende, encargada de gestionar su atención, aclaró que la autorización existe desde hace años y que respetará la decisión que ella tome.
María Consuelo no ha solicitado que se aplique.
La razón, según ella, tiene fecha. Durante la visita del papa Francisco a Colombia, en 2017, sostuvieron un diálogo que recuerda con precisión.
"¿Me prometes que no te vas a aplicar la inyección de la eutanasia?", dice que le preguntó él.
Ella respondió que sí. Francisco le dijo entonces que se trataba de una promesa de Dios y que el país la ayudaría a costear las cirugías que le faltaban.
Casi una década después, asegura que esa ayuda nunca llegó y que hoy está cansada.
Volver sobre la eutanasia significa retomar una petición que, dice, había prometido no volver a hacer.
Otros pacientes piden la eutanasia Francisco Villamizar, defensor de pacientes en Cúcuta, increpó en marzo al ministro de Salud durante una visita oficial al acumular 146 medicamentos sin entregar y 26 acciones de tutela, el mecanismo judicial colombiano para exigir derechos fundamentales.
Dijo que pedía la eutanasia porque ya no soportaba el dolor.
Semanas antes, el médico Diego Alejandro Parra, con esclerosis múltiple, aseguró haber pedido lo mismo tras varios días sin dormir esperando fármacos.
En ambos casos, el reclamo no se refirió a la enfermedad, sino a las dificultades para obtener tratamientos.
El problema aparece también en sentido inverso.
El laboratorio colombiano DescLAB, que vigila el derecho a morir dignamente, ha documentado personas que fallecen esperando la eutanasia que ya les fue aprobada, porque la institución que autoriza no siempre es la que realiza el procedimiento.
El debate se repite en otros países En Canadá, donde está permitida la muerte médicamente asistida, existe una modalidad para pacientes que no enfrentan un desenlace próximo.
Los informes oficiales registran la soledad como factor en el 44 por ciento de esos casos.
Una mujer con sensibilidad química múltiple accedió al procedimiento en 2022 tras años sin conseguir una vivienda adecuada; dejó cartas pidiendo ayuda a las autoridades.
Uruguay siguió otro camino y aprobó una ley de muerte digna en 2025. Colombia lleva casi tres décadas ejerciendo este derecho sin que el Congreso legisle: lo regula el Ministerio de Salud mediante resoluciones.
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Tras la difusión de su testimonio, el empresario Arturo Calle ofreció ayudar a María Consuelo a comprar una vivienda y convocó donaciones.
Mientras se concreta esa ayuda, ella continúa en la habitación que renta. Su autorización sigue vigente, pero no la ha utilizado. Cada día vuelve a subir a los autobuses.