La fiscalía de Brasil desestimó los argumentos presentados por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro, quien busca evitar que lo juzguen por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.
El caso, que ahora descansa en manos del Supremo Tribunal Federal (STF), podría marcar un antes y un después en la historia democrática del país sudamericano, con implicaciones que resuenan más allá de sus fronteras.
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Bolsonaro, líder de extrema derecha y expresidente entre 2019 y 2022, está acusado de haber planeado un complot para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, su rival político y actual presidente de Brasil, tras perder las elecciones en 2022.
Junto a él, otras 33 personas enfrentan cargos por delitos como "golpe de Estado", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho" y "organización criminal armada". Si lo declaran culpable, Bolsonaro enfrentaría una pena de hasta 40 años de prisión.
Un golpe a la defensa de Bolsonaro
La defensa del exmandatario presentó sus argumentos la semana pasada, al alegar, entre otras cosas, la supuesta incompetencia del STF para juzgarlo y la falta de acceso completo a las pruebas recopiladas durante la investigación. Sin embargo, en un documento de 24 páginas, la fiscalía rechazó cada una de estas objeciones, calificándolas como "superadas".
Uno de los puntos clave de la defensa fue la solicitud de que se designara un nuevo relator para el caso, con el argumento de que el actual, el juez Alexandre de Moraes, actuó tanto en la fase de investigación como en la de instrucción, lo que, según ellos, compromete su imparcialidad.
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No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) rebatió la tesis, al señalar que el STF reconoció la constitucionalidad de la figura del "juez de garantías", pero excluyó su aplicación en procesos originarios de la Corte.
Entre la indignación y la búsqueda de amnistía
Bolsonaro, de 69 años, se declaró inocente y aseguró ser víctima de un "juicio político". "¿Con qué fin? Sacarme del escenario político para el año próximo", afirmó ante periodistas.
El exmandatario, inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformar sobre el sistema de votación brasileño, busca que el Congreso revierta ese veto para poder ser candidato a la presidencia en 2026.
En un intento por mantener su influencia política, Bolsonaro convocó para el domingo una manifestación en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El objetivo: pedir amnistía para los presos por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023, un episodio que sacudió al país y que muchos comparan con el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021.
¿Qué sigue para Bolsonaro?
El juez Alexandre de Moraes tendrá ahora la última palabra sobre si se inicia o no el juicio contra Bolsonaro. Aunque no hay un plazo fijado, se estima que la decisión podría demorar alrededor de un mes.
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Mientras tanto, el expresidente se mantiene en el ojo del huracán, tratando de consolidar su base de apoyo y evitar que su legado político se desvanezca entre los estruendos de los tribunales.
Los especialistas en Brasil, afirman que el exmandatario es llevado a juicio y condenado, sería un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas y el respeto a las normas democráticas. Sin embargo, si logra evadir la justicia, podría alimentar narrativas de impunidad y polarización.
Editor de la sección Mundo en el diario 24 HORAS. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con experiencia en redacción, traducción y proyectos editoriales en medios de comunicación.