El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que endurece drásticamente las restricciones migratorias en el estado, alineándose con la agenda del presidente Donald Trump. Entre el paquete de leyes esta la pena de muerte conta migrantes criminales.
La iniciativa destina 298 millones de dólares a la contratación de agentes especializados, financiamiento para equipos y bonificaciones para oficiales que colaboren en la aplicación de las leyes migratorias.
También te puede interesar: Organizaciones demandan al gobierno de Trump para tener acceso a migrantes trasladados a Guantánamo
Entre las disposiciones más controvertidas destaca la aplicación de la pena de muerte, para migrantes sin documentación y hallados culpables de delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores.
La nueva legislación genera rechazo entre grupos de derechos civiles y sectores del Partido Demócrata, quienes aseguran que la pena de muerte para migrantes en situación irregular podría ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
Eliminación de matricula para estudiantes indocumentados
Los opositores también cuestionan la eliminación del acceso a matrícula estatal para estudiantes indocumentados en universidades públicas, medida que incluso ya recibió críticas de algunos republicanos.
La aprobación de esta normativa pone a Florida en la vanguardia de los estados con gobiernos conservadores que buscan endurecer las políticas migratorias. Sin embargo, también evidencia divisiones dentro del Partido Republicano.
También te puede interesar: Normalistas secuestran camiones que trasladaban a migrantes a Guadalajara
El senador Joe Gruters, aliado del magnate y patrocinador de las leyes, afirmó que el paquete representa "una victoria para Donald Trump" y sugirió que el trasfondo político de estas medidas es consolidar su liderazgo rumbo a las elecciones de 2024.
Con estas medidas, Florida se consolida como un bastión de las políticas antiinmigrantes promovidas por el jefe de la Casa Blanca. Sin embargo, la aprobación de la pena de muerte para migrantes criminales podría enfrentar desafíos legales, lo que convertiría al estado en el epicentro de una disputa que podría llegar a la Corte Suprema.
