Hungría ha tomado medidas para impedir el regreso de Viktor Orbán como primer ministro, pero su reconstrucción democrática se enfrenta ahora a una prueba más profunda: determinar si un orden político construido en torno a una figura dominante puede desmantelarse sin generar la inestabilidad y las condiciones que, en un principio, facilitaron la cooptación de las instituciones.
El 15 de junio, el Parlamento aprobó, por 135 votos a favor y 50 en contra, un límite constitucional de ocho años, o dos mandatos de cuatro años, para cualquier primer ministro. Dado que los mandatos ejercidos desde mayo de 1990 se contabilizan para este límite, Orbán, quien gobernó durante un total de 20 años, incluidos 16 consecutivos, queda inhabilitado. El partido Tisza, de Péter Magyar, impulsó la enmienda tras su victoria electoral de abril, que le otorgó una mayoría de dos tercios.
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La reforma también allana el camino para abolir la Oficina de Protección de la Soberanía, una agencia de la época de Orbán acusada de perseguir a periodistas, ONG y figuras de la oposición con el pretexto de combatir la “injerencia extranjera”.
Los aliados de Orbán describen el paquete de reformas como un intento de excluir a un adversario mediante ingeniería constitucional. El propio Orbán respondió: “Al final, es el pueblo quien decide”.
Magyar también se enfrenta al presidente Tamás Sulyok, nombrado durante la era Orbán, quien se negó a dimitir tras el cambio de gobierno. Como jefe de Estado, Sulyok tiene la facultad de someter las leyes a revisión constitucional, lo que podría frenar la agenda reformista del primer ministro. El gobierno ha dado señales de que emprenderá acciones constitucionales para destituirlo. La supermayoría de Magyar le permite, en última instancia, superar cualquier objeción presidencial e incluso reformar la Constitución para removerlo del cargo.
En tanto, Bruselas recompensó el cambio de rumbo el 29 de mayo al aceptar liberar 16,400 millones de euros previamente congelados por preocupaciones relacionadas con la corrupción y el Estado de derecho bajo Orbán. Magyar también ha apoyado la adhesión de Ucrania a la UE y ha prometido la adopción del euro.
La democracia húngara se deterioró profundamente en los últimos años y las garantías establecidas por una supermayoría siempre pueden quedar eliminadas por otra. Excluir a un solo hombre puede cerrar una etapa, pero consolidar instituciones capaces de resistir los intentos de cooptación de cualquier líder será lo que determine el éxito de la transición.