La administración de Donald Trump intensificó su política migratoria durante la temporada navideña mediante un incentivo económico dirigido a migrantes indocumentados que acepten autodeportarse antes de que concluya el año.
EU ofrece hasta 3 mil dls por cabeza
La medida, que ofrece hasta 3 mil dólares por persona, forma parte de una estrategia oficial que combina estímulos financieros, advertencias sobre operativos de detención y una campaña de comunicación pública con referencias a símbolos y narrativas propias de las fiestas decembrinas.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó el pago como un “bono de salida” temporal, tramitado mediante la aplicación CBP Home, que además ofrece condonación de multas administrativas por permanencia irregular.
El mensaje fue acompañado por advertencias explícitas de la secretaria Kristi Noem, quien planteó las alternativas de acogerse al programa o enfrentar arrestos y deportaciones forzadas. En paralelo, la medida triplica el incentivo previo de mil dólares y se justifica desde una lógica presupuestal: el propio DHS ha estimado en alrededor de 17 mil dólares el costo promedio de arrestar, detener y expulsar a una persona sin estatus legal.
Durante diciembre, cuentas oficiales del gobierno difundieron videos de redadas del ICE editados con música y escenas de clásicos navideños como El Grinch o Mi pobre angelito. Mensajes como “aborden el Expreso de Deportación” o “las deportaciones continuarán” se superponen a imágenes de detenciones.
Críticas masivas en todos los sectores
La campaña ha desatado críticas de activistas, líderes religiosos y organizaciones civiles, que acusan al gobierno de instrumentalizar símbolos asociados a la familia, la acogida y el Adviento para disuadir la migración. Voces católicas han advertido que la retórica y la puesta en escena están generando miedo e incertidumbre en comunidades con alta presencia migrante, además de trivializar una política de expulsión bajo un barniz festivo.
En el trasfondo, Washington busca acelerar salidas voluntarias antes de 2026, reducir la carga operativa de las deportaciones y reforzar un mensaje de mano dura coherente con la promesa presidencial de expulsiones masivas.