Margarita Ramírez no duerme tranquila. Las autoridades trasladarán a su hijo Dustin, de 16 años, a una de las prisiones de adultos en El Salvador, tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele. Organismos de derechos humanos critican la medida, que el Congreso aprobó en febrero.
En la comunidad de La Nueva Cruzadilla, a 100 kilómetros al sureste de San Salvador, el temor se extiende entre las familias de once menores que, al igual que Dustin, enfrentarán su transferencia. "¿Cómo van a estar los menores con los mayores?", cuestiona Ramírez, de 39 años. "Todos son unos niños y no pueden estar con adultos, con criminales", coincide Moisés Campos, cuyo hijo Brandon, de 15 años, también está entre los afectados.
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Un tribunal condenó a los once jóvenes a cinco años de reclusión y cinco de libertad vigilada por "agrupaciones ilícitas", tras acusarlos de pintar grafitis alusivos a pandillas. Sus familias aseguran que las autoridades los detuvieron injustamente en estas prisiones y que la fiscalía no presentó pruebas.
Las autoridades garantizan que los menores tendrán pabellones separados, pero los padres desconfían. La principal preocupación es la falta de programas de reinserción en las prisiones de adultos. "No creemos en la rehabilitación de terroristas, independientemente de la edad", afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Prisiones y derechos humanos
El 11 de abril de 2024, cuando fueron arrestados, las visitas en cárceles y reformatorios ya estaban suspendidas debido al régimen de excepción vigente desde 2022. Desde entonces, sus familiares no han podido verlos. "Siento que a mi hijo le están quitando sus sueños", lamenta Ramírez.
La "guerra" de Bukele contra las pandillas ha reducido los homicidios de 106 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 1.9 en 2024, según cifras oficiales. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y falta de garantías judiciales. Más de 86 mil presuntos pandilleros fueron arrestados desde 2022; de ellos, ocho mil fueron liberados al ser declarados inocentes.
Human Rights Watch informó en 2024 que más de tres mil menores estaban presos bajo el régimen de excepción, aunque el gobierno sostiene que son menos de 600. El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, afirmó que las autoridades "están analizando los detalles" del traslado de los jóvenes.
