La defensa legal de Nicolás Maduro volvió a tensionarse tras el rechazo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a otorgar la licencia que permitiría a Venezuela financiar a su abogado en Estados Unidos.
Ante esa negativa, el exmandatario pidió desestimar la acusación por narcotráfico y corrupción en su contra, argumentando que el bloqueo interfiere con su derecho constitucional a elegir representación legal.
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En una moción, su abogado Barry Pollack sostuvo que la OFAC impide el uso de fondos “no contaminados” provenientes del gobierno venezolano, pese a que Washington autoriza múltiples transacciones con Caracas. Alega que cualquier juicio bajo estas condiciones sería “inconstitucionalmente defectuoso”. Pollack advirtió además que, si el tribunal no acepta la solicitud, pedirá retirarse del caso.
Maduro afirmó en una declaración jurada que no puede costear su defensa y que esperaba que Venezuela cubriera los honorarios, como lo hizo para su primera audiencia el 5 de enero. El abogado del gobierno venezolano, Henry Rodríguez Facchinetti, reiteró que Caracas tiene la obligación de pagar los gastos de su presidente depuesto y confirmó que los fondos destinados a la defensa son legítimos.
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La disputa ocurre mientras la presidenta interina, Delcy Rodríguez, impulsa una agenda de acercamiento con EU. Ha pedido a Donald Trump el fin de sanciones y embargo petrolero, vigente desde 2019, y ha recibido a altos funcionarios estadounidenses para recomponer vínculos.
Aunque el Tesoro flexibilizó algunas operaciones, las restricciones siguen condicionando el proceso político y judicial venezolano.