Los ojos de Noelia Castillo Ramos no parecían buscar compasión. Enrojecidos, húmedos, abiertos sin defensa, sostenían más bien una larga fatiga, como si su decisión ya hubiese atravesado el ruido exterior y se hubiera quedado sola en el gesto. Esa imagen, difundida en una entrevista en los días previos a su muerte, se convirtió en el punto de partida de un debate que rebasa su historia individual y se proyecta sobre una discusión global sobre los límites éticos y legales de la eutanasia cuando el sufrimiento combina dolor, traumas y una biografía marcada por la adversidad.
Noelia Castillo Ramos, catalana de 25 años, murió tras recibir la prestación de ayuda para morir en el hospital Sant Camil de Barcelona, después de 1 año, 7 meses y 26 días de espera y de una batalla judicial impulsada por su padre para frenar el procedimiento.
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La joven había quedado con paraplejia parcial irreversible luego de arrojarse desde un quinto piso en 2022, tras una cadena de episodios traumáticos que ella misma relató públicamente para un programa de su país: agresiones sexuales, autolesiones, diagnósticos psiquiátricos previos y un deterioro prolongado de su salud mental.
En abril de 2024 solicitó formalmente la eutanasia, pero el proceso derivó en un extenso litigio. Su padre sostuvo que el origen del padecimiento era psiquiátrico y que su hija requería tratamiento especializado antes de acceder a la muerte asistida. La controversia recorrió distintas instancias judiciales españolas hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó una medida cautelar solicitada para detener el procedimiento.
La eutanasia se llevó a cabo mediante la administración intravenosa de tres fármacos que indujeron sedación profunda y paro cardiorrespiratorio en aproximadamente 30 minutos.
Precisión clínica
El núcleo de la polémica no fue sólo su muerte, sino la naturaleza de su caso. La ley española, vigente desde 2021, regula y despenaliza la eutanasia en supuestos tasados y bajo garantías destinadas a asegurar que la decisión sea libre y sin presiones externas. En ese marco, la eutanasia no es cualquier final médicamente acompañado. Es la intervención directa de un profesional sanitario para poner fin a la vida a petición expresa del paciente; en su modalidad vecina, el suicidio médicamente asistido, el paciente se autoadministra la sustancia prescrita.
No son lo mismo los cuidados paliativos, la sedación para aliviar dolor refractario, la ortotanasia ni la retirada de tratamientos desproporcionados. Esa distinción, que parece técnica, es central, porque buena parte del debate público suele mezclar actos clínicos distintos bajo una misma palabra.
España registró en 2023 un total de 766 solicitudes de eutanasia y 334 prestaciones realizadas, según el informe anual del Ministerio de Sanidad. Pero el expediente de Noelia colocó el foco en una franja especialmente sensible: los casos donde el sufrimiento psicológico no aparece aislado, sino entrelazado con daño corporal irreversible, dolor neuropático, dependencia y antecedentes psiquiátricos.
Ahí se volvió más difícil separar dónde termina una lesión física y dónde empieza una desesperación prolongada, y también dónde debe situarse la evaluación de irreversibilidad.
Ese punto ya divide a otras jurisdicciones. En Bélgica, donde la eutanasia es legal desde 2002, las declaraciones registradas pasaron a 3 mil 991 en 2024, equivalentes a 3.6% de todas las muertes; en 2023, las solicitudes basadas en condiciones psiquiátricas representaron 1.4% del total. Además, en Canadá, la asistencia médica para morir superó las 10 mil muertes en 2021, un alza de 32.4% frente a 2020, aunque la elegibilidad por enfermedad mental como única condición quedó aplazada hasta el 17 de marzo de 2027.
En Países Bajos, el crecimiento de los casos psiquiátricos ha sido uno de los focos más controvertidos: en 2024 se reportaron 219 eutanasias por trastornos psicológicos, frente a 138 un año antes.
Casos límite
Varios expedientes han marcado el debate internacional sobre los límites de la eutanasia. El caso de Ramón Sampedro, tetrapléjico español que durante casi tres décadas solicitó el derecho a morir, se convirtió en uno de los antecedentes más influyentes tras inspirar la película Mar adentro, protagonizada por Javier Bardem, que contribuyó a visibilizar el debate sobre autonomía y dignidad en Europa.
En Bélgica, el caso de Tine Nys derivó en el primer proceso penal contra médicos por eutanasia tras la muerte de una mujer con diagnóstico de autismo. En Canadá, Alan Nichols generó controversia al acceder al procedimiento tras declarar como condición médica la pérdida auditiva en un contexto de depresión severa.
Países Bajos, Zoraya ter Beek murió en 2024 tras argumentar sufrimiento psicológico insoportable vinculado a trastorno límite de la personalidad, depresión y ansiedad.
Otro antecedente fue Eelco de Gooijer, cuyo caso involucró autismo y depresión persistente. Todos estos expedientes contribuyeron a ampliar la discusión sobre los criterios de elegibilidad cuando el padecimiento no es exclusivamente físico.
Detrás del sufrimiento
Para el psicólogo Benjamín Meza, fundador de ANTAL Centro de Atención al Suicida, el foco público se ha colocado en el desenlace, pero no en lo que lo antecede. En entrevista con 24 HORAS, advirtió que la atención colectiva se concentró en la decisión de morir de Noelia Castillo Ramos, no en las causas que la llevaron a tomarla, y subrayó que el caso "nos deja en evidencia la carencia de apoyo por parte del sector salud y de la población, quienes solo pusieron sus ojos en ella hasta que su historia se volvió mediática".
Meza alertó también sobre el alcance simbólico del caso: "Abre debates complejos sobre los límites de la psiquiatría y la psicología ante el sufrimiento persistente", y advirtió sobre "el posible contagio social si la narrativa no se maneja con responsabilidad".
Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de no homogeneizar experiencias: entre quienes atraviesan dolor extremo es común que aparezca el deseo de no seguir viviendo, pero "es importante diferenciar entre ideación suicida, deseo de morir y una solicitud estructurada de eutanasia, ya que no son equivalentes".
Sobre las causas que pueden conducir a esa decisión, el especialista señaló que los motivos son múltiples y complejos, e incluyen el dolor físico crónico, la pérdida de autonomía, enfermedades graves o incapacitantes y el sufrimiento psicológico persistente, agravados por la ausencia de redes de apoyo y las deficiencias en el acceso a servicios de salud adecuados.
Brecha regional
En América Latina, el mapa sigue siendo desigual. Colombia mantiene la práctica más consolidada de la región; Ecuador despenalizó la eutanasia en 2024; y en México la eutanasia activa continúa prohibida, aunque existen figuras como la voluntad anticipada, que permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
Ese modelo pertenece al ámbito de la ortotanasia y no autoriza una acción médica destinada a provocar la muerte: la diferencia jurídica no es menor, pues una cosa es dejar morir y otra causar la muerte a petición del paciente.
En ese contexto, Meza consideró que el caso de Noelia Castillo Ramos obliga a mirar más allá de la legalización o no de la eutanasia.
"Vuelve urgente abrir el debate no solo sobre la legalización, sino sobre el fortalecimiento del acceso a salud mental, cuidados paliativos y mecanismos de acompañamiento oportuno", señaló.
Buscan debate antes de legislar
En México, la discusión tiene un rostro concreto. Samara Martínez, diagnosticada con insuficiencia renal crónica en etapa terminal, lupus eritematoso sistémico, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, dislipidemia mixta e hipertensión —padecimientos que le han exigido dos trasplantes de riñón y 10 horas diarias de diálisis—, impulsa la llamada Ley Trasciende.
La iniciativa, respaldada por distintos legisladores, busca reformar la Ley General de Salud para derogar el artículo 166 Bis 21, que prohíbe la eutanasia, y establecer un marco normativo que garantice el derecho a una muerte digna y sin dolor.
La diputada emecista Patricia Mercado explicó a 24 HORAS que existen dos propuestas en curso: una en el Senado de la República y otra en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa se encuentra en análisis conjunto de las comisiones de Salud y de Justicia. Sobre el caso de Noelia, Mercado destacó que el tribunal español reconoció tanto la legalidad del procedimiento como la plena capacidad mental de la joven para tomar esa decisión.
En cuanto al proceso legislativo mexicano, la diputada subrayó la importancia de actuar con deliberación: antes de legislar, los promotores de la iniciativa proponen una serie de conversatorios con organizaciones civiles, especialistas y representantes de distintas corrientes de pensamiento, incluida la jerarquía católica, para construir un debate informado desde todos los ángulos.
El caso de Noelia Castillo Ramos no quedó encerrado en una historia personal ni en un pleito familiar. Reabrió la discusión sobre los límites de una legislación pensada para el sufrimiento insoportable cuando ese sufrimiento no cabe en una sola casilla clínica. Al final, mientras afuera del hospital se acumulaban rezos, cámaras y recursos de última hora, la escena decisiva volvió a ser la de su rostro sereno y exhausto: el de una mujer joven que hizo de su última voluntad un gesto silencioso, y que dejó al descubierto la fragilidad humana ante el dolor que ya no encuentra alivio.