La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los países occidentales que no construyan muros contra los migrantes.

En su primer pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inauguró en Ginebra su último periodo de sesiones de este año, la nueva alta comisionada destacó el Pacto Mundial para las Migraciones, que se adoptará en diciembre, el cual, dijo, ofrece la esperanza de una mejor y más efectiva gobernanza de la migración.

“Se trata de un documento equilibrado de derechos humanos con políticas alcanzables y detalladas para reducir la vulnerabilidad de muchos de los 258 millones de migrantes del mundo y minimizar las violaciones de los derechos humanos que tan a menudo impulsan su fuga”, señaló en su discurso.

Y destacpo que levantar paredes contra los migrantes no ofrecen soluciones a nadie y generan hostilidad, miseria, sufrimiento y caos.

“Históricamente, las personas siempre se han movido en busca de esperanza y oportunidades. Erigiendo paredes; proyectar deliberadamente el miedo y la ira en las comunidades de migrantes; negar a los migrantes los derechos fundamentales al limitar su derecho a apelar, restringir su derecho a la no devolución, separar y detener a las familias y cortar los programas de integración no ofrecen soluciones.

A cada Estado le conviene adoptar políticas de migración basadas en la realidad, no en pánico; que brindan oportunidades para un movimiento seguro y regular en lugar de obligar a las personas a tomar riesgos letales.

La nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y ex presidenta chilena expresó su preocupación por las discusiones que se están desarrollando en el seno de la Unión Europea para crear «plataformas de desembarco» que podrían estar ubicadas en países africanos.

«El prospecto de que la UE subcontrate su responsabilidad de gestionar la migración con países que tienen sistemas de protección débiles es alarmante», denunció al inaugurar la última sesión ordinaria del año del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reunirá durante las próximas tres semanas en Ginebra.

La alta comisionada anunció que se tiene previsto enviar equipos de expertos a Italia y Austria para hacer una evaluación de la situación de la inmigración irregular.

Precisó que en Austria se pondrá atención a la forma en que se está decidiendo y procediendo a la expulsión y repatriación de inmigrantes.

«Dar prioridad al retorno de inmigrantes desde Europa, sin que se garantice que se respetan las obligaciones claves de los derechos humanos, no puede ser considerado una respuesta que privilegia la protección», sostuvo.

En Italia, los enviados de la Oficina de Bachelet analizarán el fuerte aumento de los actos de violencia y racismo contra los inmigrantes de origen africano y gitano.

Asimismo, Bachelet dijo que estaba conmocionada por la violencia que sufren los inmigrantes en Alemania, alentada por discursos de odio xenófobo.

Huyen más de la dictadura de Daniel Ortega

El número de personas que están huyendo de Nicaragua va en aumento de forma «exponencial» como consecuencia de la crisis en este país.

Así lo aseveró Michelle Bachelet, quien pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que refuerce su vigilancia sobre el país centroamericano.

«Entre tanto, nosotros seguiremos documentando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua», aseguró.

Ello a pesar de la decisión de la semana pasada del Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de expulsar a un equipo de observadores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que investigaba y documentaba las violaciones de los derechos humanos en este país, en el contexto de la represión de las protestas ciudadanas.

La expulsión del equipo de la ONU se produjo tras la publicación, hace dos semanas, de un informe en el que denunciaba el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, así como arrestos arbitrarios y maltratos, con situaciones que llegaban a la tortura y violencia sexual en centros de detención.

Asimismo, se denunció la violación de la libertad de expresión y reunión, así como la criminalización de los defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes contra el Gobierno.

La crisis de Nicaragua ha provocado la muerte de unas 400 personas y dejado al menos 2 mil heridos, mencionó Bachelet.