El choque diplomático reavivó el debate sobre las deportaciones y las implicaciones de las tensiones bilaterales.
Foto: AFP | El choque diplomático reavivó el debate sobre las deportaciones y las implicaciones de las tensiones bilaterales.  

La Casa Blanca confirmó que el Gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, aceptó recibir a 160 ciudadanos deportados de Estados Unidos, incluso en aviones militares, luego de tensas negociaciones marcadas por amenazas de sanciones económicas por parte del presidente Donald Trump.

Según el comunicado oficial, Colombia accedió "sin limitación ni demora" a las exigencias, lo que resultó en la suspensión de los aranceles y sanciones previamente anunciados.

La decisión llegó tras un día de alta tensión diplomática. Petro, inicialmente, había negado el aterrizaje de los vuelos militares estadounidenses programados para el 26 de enero, con el argumento de que los migrantes debían ser tratados con dignidad. Sin embargo, la negativa desencadenó una respuesta inmediata de Washington: restricciones migratorias, sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) y aranceles del 25%.

Ante estas medidas, Petro buscó mantener una postura firme, al asegurar en redes sociales que "no se arrodillaría ante Estados Unidos". La presión, sin embargo, escaló rápidamente. Durante la tarde, el presidente colombiano se reunió con su equipo diplomático, mientras Trump intensificaba las represalias desde Truth Social.

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El punto de inflexión ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando ambos gobiernos anunciaron un acuerdo. La administración Trump suspendió las sanciones previstas, dejando en vigor únicamente restricciones migratorias y mayores inspecciones comerciales hasta que el primer grupo de deportados fuese repatriado con éxito.

En su declaración, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que el Gobierno colombiano "aceptó todos los términos del presidente Trump, incluida la devolución irrestricta de sus nacionales en vuelos militares". Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó el acuerdo, al asegurar que garantizará la diginidad para los deportados.

Este episodio marca un duro revés para Petro, cuya postura inicial fue interpretada como un intento de defender la soberanía nacional. Sin embargo, la gravedad de las sanciones económicas y las implicaciones diplomáticas llevaron al Gobierno colombiano a optar por una salida negociada.

 

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