Madrid/Barcelona. – Los secesionistas catalanes amagaron hoy con que mañana podría producirse una declaración unilateral de independencia tras una jornada en que sus líderes protagonizaron escenarios cambiantes y propiciaron la incertidumbre por sus confusos mensajes.
Mientras, el Gobierno de España defendió restablecer la legalidad perdida por la deriva separatista y se mantuvo dispuesto a adoptar medidas.
El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, vivió una jornada de zozobra, en la que pasó por varias hipótesis, hasta decir finalmente en una comparecencia institucional que no convocará elecciones anticipadas y dejar en manos del Parlamento autonómico la potestad de hacer mañana una declaración unilateral de independencia.
La confusión se mantuvo durante gran parte de la jornada, ya que a mediodía, durante una reunión con su grupo parlamentario, Junts pel Sí (la coalición de gobierno regional formada por los independentistas de centroderecha del PDeCAT y de la izquierda republicana ERC), Puigdemont trasladó el mensaje de que estaba dispuesto a convocar comicios antes de que el Senado español apruebe mañana el decreto por el que el Gobierno central asumirá las competencias de la autonomía.
Entre otras medidas, el decreto del Gabinete de Mariano Rajoy (PP, centroderecha) implica el cese del Gobierno regional catalán, la limitación de los poderes de su Parlamento y la convocatoria de elecciones antes de seis meses.
Es la llamada «vía del artículo 155 de la Constitución» y para evitarla Puigdemont es destinatario estos días de llamamientos para que disuelva la Cámara catalana antes de que el Senado ratifique las medidas del Gobierno central.
La hipótesis es que el líder secesionista podría convocar elecciones regionales para finales de diciembre y renunciar a una declaración unilateral de independencia si el Gobierno de Rajoy desiste intervenir la autonomía.
Puigdemont reconoció ante el Parlamento local que por esta misma mañana había «considerado la posibilidad de convocar elecciones», en un intento de «agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y pactada», siempre y cuando «se diesen unas garantías que permitiesen celebrarlas con normalidad», pero -añadió- esas garantías no se han confirmado.
Todo ello mientras cargos electos secesionistas amenazaban con dimisiones para intentar persuadir a Puigdemont de que declare la independencia y el líder catalán era llamado «traidor» por secesionistas en las redes sociales.
Cuando el presidente regional catalán comparecía ante la prensa, en el Senado empezaba la reunión de la comisión que aprobará el dictamen sobre el decreto del Ejecutivo de Rajoy para que el pleno de la Cámara Alta lo apruebe mañana.
El gubernamental PP, que tiene la mayoría en el Senado, propugna el artículo 155, mientras los socialistas (la segunda fuerza) defendían que una eventual convocatoria electoral desde Cataluña deje sin efecto el decreto con medidas para restaurar la legalidad.
En su defensa del decreto, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó su obligación «legal, democrática y política» de asumir competencias de la autonomía de Cataluña para proteger el interés de todos los españoles ante la deriva independentista.
En este contexto, en Barcelona se celebró por la tarde un pleno del Parlamento regional para analizar su situación y en la apertura del debate el portavoz de Junts pel Sí, Lluis Corominas, dijo que su grupo propondrá en la sesión de mañana «continuar el mandato» del referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre.
Esa consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y que deparó algunas imágenes del uso de la fuerza por la Policía y la Guardia Civil españolas, dio como resultado dos millones de votos favorables a la independencia (en una región de 7,5 millones de habitantes con algo más de 5 millones con derecho de voto), según los datos aportados por los soberanistas.
«Usted tiene la potestad de convocar elecciones y, haciéndolo, de preservar las instituciones de autogobierno», dijo a Puigdemont el líder socialista catalán Miquel Iceta, que también le subrayó que «evitar el 155 está en sus manos».
Por su parte, la jefa de la oposición catalana, Inés Arrimadas (Ciudadanos, liberales) dijo a Puigdemont en el Parlament local que «convocar elecciones era una salida digna, democrática y limpia, y usted la ha dejado pasar», al tiempo que le pidió «rectificar» porque «todavía está a tiempo».
A la espera de que, en la mañana del viernes, el pleno del Senado y el de la Cámara catalana tomen sus decisiones respectivas, todo apunta a que la incertidumbre se mantendrá hasta el último momento, en medio de la desconfianza recíproca de las dos partes.
ERM
