La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una victoria clave en su ofensiva contra la inmigración irregular al permitir la reanudación de redadas masivas en el sur de California. La mayoría conservadora del tribunal congeló la orden de un juez federal que prohibía detener personas con base en criterios como apariencia étnica, idioma o lugar de trabajo.
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Con ello, los agentes federales podrán operar nuevamente bajo parámetros cuestionados como discriminatorios.
La resolución responde a una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia, que alegó que la restricción previa era una “camisa de fuerza” para aplicar la ley migratoria. El procurador general D. John Sauer defendió que impedir a los agentes actuar bajo “perfiles razonablemente amplios” debilitaba la seguridad en una región donde, según la administración, cerca del 10 por ciento de los residentes carece de documentos.
El contraste de los jueces ante redadas migratorias
En contraste, los jueces progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron un disenso enérgico. Sotomayor advirtió que el fallo legitima un sistema de “ciudadanos de segunda clase”, en el que bastaría parecer latino o hablar con acento extranjero para ser objeto de una detención.
“No deberíamos vivir en un país donde el gobierno pueda confiscar a cualquiera que parezca latino y ocupe un empleo de bajos salarios”, escribió.
El trasfondo legal del caso se remonta a la demanda de tres jornaleros detenidos en una tienda de donas, a quienes se unieron ciudadanos estadounidenses que denunciaron arrestos arbitrarios. El juez de distrito Maame Frimpong había emitido en julio una orden que prohibía usar factores como idioma o tipo de trabajo como base para detener. Esa decisión fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones, hasta que la Corte Suprema la dejó sin efecto.
Para el gobierno federal, la resolución representa un triunfo estratégico. El Departamento de Seguridad Nacional celebró el respaldo al “estado de derecho”, asegurando que las redadas se centran en delincuentes.
“Continuaremos arrestando y expulsando a asesinos, violadores y pandilleros”, afirmó la portavoz Tricia McLaughlin.
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Sin embargo, expertos advierten que la medida puede acentuar la persecución indiscriminada. El Departamento de Agricultura estima que 42 por ciento de la fuerza laboral agrícola es indocumentada, lo que refleja la dependencia del país de esta mano de obra. La criminalización masiva, advierten, podría erosionar la confianza en las instituciones y alimentar la tensión social.