La política de deportaciones del presidente Donald Trump dejó de depender únicamente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la estrategia federal se apoya cada vez más en policías estatales, departamentos locales y otras agencias públicas para ejecutar tareas de control migratorio, un giro que modifica la arquitectura de la seguridad pública en Estados Unidos.
La organización sostiene que durante 2025 más de 25 mil agentes federales ajenos a ICE quedaron destinados temporalmente a labores de inmigración, mientras la contratación acelerada de unos 12 mil nuevos oficiales amplió la capacidad operativa del gobierno. Con ello, la fuerza dedicada a las deportaciones alcanzaría unas 50 mil personas entre agentes federales, policías estatales y corporaciones locales.
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El cambio no consiste solo en más efectivos, sino en la redistribución de funciones. Tareas que antes recaían en ICE involucran ahora a patrullas carreteras, alguaciles, policías municipales e incluso agencias de conservación de vida silvestre, mediante los acuerdos 287(g), un programa vigente desde 1996 que permite delegar facultades migratorias a autoridades locales bajo supervisión federal.
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Expansión ordenada por Trump se financia con recursos federales
La ACLU revisó mil 213 casos registrados en 2025 en ocho estados. Identificó 375 incidentes con uso o amenaza de la fuerza, incluidos 241 con fuerza física, además de 418 empujones o inmovilizaciones, 361 usos de agentes químicos, 33 descargas eléctricas y 47 ventanas de vehículos rotas durante operativos.
La expansión se financia con recursos federales. De acuerdo con FWD.us, ICE había comprometido 257 millones de dólares para respaldar acuerdos con agencias estatales y locales, y las proyecciones para 2026 sitúan ese gasto entre mil 400 y 2 mil millones de dólares.
Para la ACLU, esta red dificulta saber qué corporación participa en cada operativo y complica la supervisión del Congreso y la rendición de cuentas ante abusos. El uso de vehículos sin distintivos y uniformes identificados solo con la palabra "Police", añade, confunde a la población sobre quién ejecuta las detenciones.
El gobierno rechaza esas críticas. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que ICE está auditado regularmente y que los centros de detención cumplen los estándares nacionales, y reiteró su intención de ampliar la colaboración con policías locales.
El fenómeno apunta a un cambio institucional, debido a que la estrategia migratoria ya no descansa en una agencia especializada, sino en una red de corporaciones coordinadas y financiadas desde el gobierno federal, lo que redefine quién ejerce el poder policial migratorio y bajo qué supervisión.
Incendio expone escalada contra oficinas federales
La confrontación política por la inmigración en EU sumó un episodio violento tras la detención de un veterano del Ejército acusado de provocar un incendio frente a un edificio federal de Manhattan que alberga tribunales migratorios y oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Andrew Arrabaca, de 43 años, vertió gasolina en la escalinata del inmueble y le prendió fuego con un encendedor y un artefacto. Luego disparó proyectiles con un rifle de airsoft antes de quedar sometido. Hubo tres lesionados: dos empleados federales y un civil.
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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que portaba dos hachas, un martillo, tres cuchillos y un cartel con la leyenda "ICE fuera de nuestras calles". Los investigadores afirman que admitió estar dispuesto a herir o matar a quien entrara o saliera del edificio, versión que forma parte de la indagatoria.
El alcalde Zohran Mamdani calificó el ataque como "profundamente perturbador".
El caso confirma que las oficinas de ICE son un símbolo de la disputa por las deportaciones de Trump. Desde el inicio de su segundo mandato hubo ataques contra sedes en Texas, Oregón y Misuri.